CRedacción Capitol·16 de octubre de 2026·3 min de lectura
Rivas, señalado por la Guardia Civil como parte de la trama que habría defraudado más de 182,5 millones de euros a Hacienda
Las claves
La UCO afirma que Rivas, Víctor de Aldama y María Luisa Rivas controlaban la estructura empresarial de Villafuel.
El perjuicio tributario se estimó en 182,5 millones de euros.
Se identificaron transferencias por 78,3 millones de euros a cuentas portuguesas.
Se localizaron entradas por 56,5 millones de euros en esas cuentas.
La Fiscalía Europea remitió a España una investigación sobre 27,9 millones canalizados por sociedades portuguesas.
El empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas ha pedido declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la última semana de noviembre. La solicitud, presentada el jueves 15 de octubre, solicita que su comparecencia se produzca «en calidad de investigado» y «siempre que sea posible».
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La Unidad Central Operativa (UCO) considera que Rivas, Víctor de Aldama y María Luisa Rivas controlaban directa o indirectamente la estructura empresarial encabezada por Villafuel. Según Anticorrupción, el esquema utilizó sociedades interpuestas para vender combustible, eludir el IVA y transferir ganancias a empresas extranjeras. El perjuicio tributario fue calculado inicialmente por la Agencia Tributaria en 182,5 millones de euros.
La UCO sostiene que Villafuel simulaba ventas a siete sociedades suministradoras bajo su control, situadas entre el operador mayorista y los verdaderos compradores. La organización fue desarticulada en una operación policial en octubre de 2024, aunque las pesquisas sobre el dinero continúan.
La causa adquirió dimensión política por la intervención de Aldama, vinculado también al caso Koldo, en gestiones para obtener la autorización administrativa de Villafuel. Se examinan las relaciones de Rivas con Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, y las presuntas gestiones para facilitar la licencia concedida en septiembre de 2022.
Carmen Pano, empresaria del entorno de Rivas, declaró que en octubre de 2020 llevó dos bolsas con 45.000 euros cada una a la sede socialista de la calle Ferraz, por indicación de Aldama. Según su versión, el dinero procedía de Rivas y estaba vinculado a gestiones para conseguir la licencia de Villafuel.
Aldama negó ante Pedraz haber ordenado pagos en negro. El magistrado Ismael Moreno también ha examinado las supuestas entregas y otros movimientos de efectivo en actuaciones judiciales distintas.
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Los investigadores identificaron transferencias por 78,3 millones de euros desde la estructura española a cuentas portuguesas. Con la documentación facilitada, han localizado entradas por 56,5 millones de euros en esas cuentas. Pedraz ha ordenado nuevas pesquisas en Portugal e Irlanda, incluidas operaciones relacionadas con criptomonedas.
La Fiscalía Europea remitió a España una investigación sobre 27,9 millones canalizados por sociedades portuguesas. Aproximadamente 11,8 millones fueron intervenidos en distintas cuentas bancarias durante esa investigación previa.
La UCO localizó 765.745 euros enviados desde una sociedad portuguesa a dos empresas españolas: 510.000 a Cacera Concejo y 255.745 a Armería Argali. Algunas transferencias a Armería Argali incluyen en el concepto bancario el nombre de Claudio Rivas. El juez ha reclamado contratos y justificantes para aclarar la razón de esos pagos.
