El tribunal admite el recurso de Ben-Magec: la nueva celda de transición queda exenta, pero no la mejora de la planta de clasificación ni la de lixiviados
Las claves
- El decreto excluía de evaluación ambiental tres actuaciones promovidas por el Cabildo.
- El colectivo denunció que el Ejecutivo utilizó “indebidamente una vía excepcional” para justificar la exclusión.
- El Gobierno de Canarias alegó riesgo para la salud pública y el medio ambiente como justificación de la exclusión.
- El Cabildo atribuyó la excepción a factores técnicos, administrativos y sobrevenidos como la covid-19 y la erupción volcánica de 2021.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido un recurso presentado por la federación ecologista Ben-Magec contra el decreto de 2023 de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
El recurso impugna la exclusión de evaluación ambiental de tres actuaciones del Cabildo: la nueva celda de transición, la mejora de la planta de clasificación y la instalación de una planta de lixiviados.
Los ecologistas argumentan que el Ejecutivo utilizó “indebidamente una vía excepcional” al excluir la evaluación, alegando que las obras eran necesarias. La urgencia se basa en la colmatación de los vasos del complejo ambiental Los Morenos, una previsión conocida desde 2018.
El Gobierno de Canarias defendió la exclusión citando un riesgo para la salud pública y el medio ambiente que requería actuación inmediata. El Cabildo, por su parte, descartó “pasividad o negligencia” y atribuyó la medida a factores como la covid-19 y la erupción volcánica de 2021.
En 2022, entre abril y junio, la situación se describió como “crítica” con una fecha límite de inicio de obras a principios de 2023. En julio de 2022, tras la erupción y el retorno de la población, la situación se calificó de “amenaza inminente de daño ambiental”.
El TSJC advierte que la excepción no puede convertirse en una vía ordinaria ni amparar retrasos de planificación administrativa. El tribunal exige que la justificación de la excepción sea individualizada para cada actuación y que la evaluación no impida la finalidad del proyecto.
El tribunal subraya que la administración no queda liberada de su deber de planificación por emergencias, aunque reconozca la necesidad del servicio esencial para la isla. La colmatación obliga a gestionar 28.000 toneladas anuales de residuos, con riesgo de contaminación del suelo, aguas y atmósfera, y de afectar a flora y fauna.
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