Las claves
- El acuerdo elimina el último escollo de la negociación, que había entrado en fase final.
- La enmienda pendiente se revisará en la sesión de la ponencia parlamentaria prevista para esta tarde.
- El Ejecutivo aspira a aprobar la norma en el último pleno de octubre.
- Si el calendario ordinario no lo permite, se solicitará una sesión extraordinaria antes de las elecciones del 29 de noviembre.
- Se considera el acoso inmobiliario una infracción muy grave, con multas de entre 120.000 y 240.000 euros.
La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha anunciado un acuerdo con el Gobierno asturiano para sacar adelante la ley de Vivienda, a falta de resolver las restricciones a las compras y al destino de los inmuebles en zonas tensionadas.
Ese acuerdo eliminó el último escollo de una negociación que había entrado en su fase final, con avances en el encaje jurídico de la exigencia de que las viviendas adquiridas en esos ámbitos se destinen a residencia habitual de sus propietarios o de sus inquilinos.
Somos Asturies ha señalado que la enmienda pendiente se revisará en la sesión de la ponencia parlamentaria prevista para esta tarde. La formación pretende cerrar tanto el deber de destino residencial como la limitación de las compras masivas de viviendas por grandes tenedores en las áreas con mayor presión sobre el mercado.
El resto del paquete incorpora medidas contra el acoso inmobiliario, restricciones a las viviendas turísticas y mayores obligaciones de reserva para vivienda protegida. El Ejecutivo aspira a aprobar la norma en el último pleno de octubre, y si el calendario ordinario no lo permite, contempla solicitar una sesión extraordinaria para que la ley pueda salir adelante antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Tomé ha reivindicado los cambios conseguidos tras meses de negociación, con un trabajo técnico y político coordinado por Laura Tuero. “Iniciamos la tramitación con 39 enmiendas sobre la mesa porque teníamos claro que la vivienda tiene que ser un derecho garantizado y no el negocio del siglo para una minoría especuladora”, ha afirmado.
Entre las enmiendas clave destaca la consideración del acoso inmobiliario como infracción muy grave, con multas de entre 120.000 y 240.000 euros, frente a los 30.000 euros que, según la formación, contemplaba el proyecto inicial. El paquete también redefine el concepto de gran tenedor: el umbral general se fija en diez inmuebles y se reduce a cinco viviendas en zonas declaradas de mercado residencial tensionado, incluyendo a sociedades mercantiles inmobiliarias sin importar el número de activos.
Se crea un registro autonómico de viviendas desocupadas, definidas como aquellas que permanezcan más de dos años sin uso efectivo y sin causa justificada, dirigido a grandes tenedores, titulares de cinco o más viviendas en entornos tensionados y a personas jurídicas dedicadas a la explotación económica de viviendas. En las zonas tensionadas, el acuerdo incluye la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas vacacionales y de uso turístico, así como de los cambios de titularidad.
En materia de alquiler, se incorpora la obligación de informar sobre el precio anterior y la condición de gran tenedor antes de contratar, además de sanciones expresas para los contratos de temporada simulados. Se refuerzan los derechos de adquisición preferente de la Administración sobre edificios y pisos en venta en zonas tensionadas.
Las reservas para vivienda protegida se sitúan en el 30 % para nuevos desarrollos o grandes reformas y en el 40 % en áreas tensionadas, limitándose la posibilidad de que el promotor sustituya libremente la construcción por una aportación económica. El cierre definitivo queda supeditado a la última enmienda, pues la obligación de destinar las viviendas adquiridas en zonas tensionadas a residencia habitual había encontrado objeciones jurídicas por su posible falta de respaldo en la normativa estatal.
Tomé ha defendido que la medida tiene una base jurídica y constitucional “sólida”, al considerar que la propia declaración de zona tensionada y su informe justificativo aportan el fundamento necesario para aplicarla.
La negociación legislativa discurre en paralelo al acercamiento electoral entre IU y Somos bajo el paraguas del Frente Amplio, aunque desde el entorno de Tomé se ha desvinculado la norma del pacto político. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, había emplazado a un pacto sobre vivienda como primera muestra de ese entendimiento.
Documentación oficial: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña)
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