José Ignacio Vilaplana cita como investigados el 17 de noviembre a Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila y a tres ex gerentes del SAE
Las claves
- Las diligencias previas 966/2014 se abrieron el 7 de marzo de 2014 para investigar prevaricación, malversación y falsedad documental.
- El plazo de investigación de la pieza de los cursos de formación quedó fijado el 27 de febrero de 2020.
- El auto de 68 folios rechaza que el paso de los plazos impida las declaraciones.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha citado a declarar como investigados a seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Las comparecencias llegan 12 años después de que se abriera la investigación por los cursos de formación, en parte porque los peritos de la IGAE y de la IGJA tardaron seis años en entregar sus informes.
Declararán el 17 de noviembre los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila y los ex gerentes del SAE Antonio Toro Barba, Alejandra María Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia. Las diligencias previas 966/2014, abiertas el 7 de marzo de 2014, investigan prevaricación, malversación y falsedad documental en subvenciones a la formación profesional entre 2009 y 2012.
El plazo de investigación quedó fijado el 27 de febrero de 2020 por la Audiencia de Sevilla. Vilaplana califica las declaraciones como «diligencias rezagadas» y cita doctrina del Tribunal Supremo que impide su sobreseimiento por extemporaneidad.
El auto de 68 folios rechaza que el paso de los plazos de instrucción impida las declaraciones y aplaza los sobreseimientos hasta el final de la instrucción. Vilaplana ordena a la Consejería de Empleo digitalizar 508 expedientes de subvención, con apoyo de la Intervención y la UCO.
El auto señala que la normativa sobre concesión, control y justificación no se cumplió con conocimiento de los responsables. Se investigan ayudas derivadas de la Orden de la Consejería de Empleo de 23 de octubre de 2009, basadas en certificados de finalidad y resoluciones de exoneración.
La resolución de 17 de diciembre de 2009 benefició a 473 entidades con 2.389 subvenciones sin justificar, unos 327 millones de euros.
En 2011 se dictaron cuatro resoluciones que exoneraron a 1.410 entidades, sumando varios cientos de millones sin justificar. La resolución del 11 de diciembre de 2012, de Antonio Ávila Cano, favoreció a 1.162 entidades cuando había casi 1.000 millones de euros sin justificar.
Los informes de la Intervención, la Cámara de Cuentas y la UCO detectaron ausencia de baremación, falta de comprobación de deudas con Hacienda y Seguridad Social en el 96,85 % de los expedientes. Se constató que el 100 % de los expedientes carecían de facturas con estampilla y de actas de selección de alumnos.
Ningún expediente cumplió lo pactado en número de contratados, jornada o tipo de contrato, y se aceptaron contratos eventuales y compromisos de terceros ajenos a la ayuda. A cierre de 2015, los libramientos pendientes de justificar sumaban 328.129.136,92 euros.
En total, la pieza cuenta con 26 investigados, entre directores generales, provinciales y gerentes, dos de los cuales han fallecido y su responsabilidad penal se extinguió. Casi todos los citados han ejercido su derecho a no declarar hasta la fecha.
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