CRedacción Capitol·7 de agosto de 2026·2 min de lectura
Guardia Civil y Policía Nacional exigen 200 agentes más y medios permanentes ante mensajes en redes que avivan un nuevo intento de entrada masiva
Las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han advertido este 7 de agosto que los refuerzos desplegados en Ceuta tras la entrada masiva de 72.000 inmigrantes el pasado 30 de junio no son suficientes para evitar una nueva crisis migratoria.
Jucil, asociación del Instituto Armado, ha reclamado al Ministerio del Interior el envío de 200 agentes adicionales, especialmente del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Servicio Fiscal y de Fronteras, y el Servicio Marítimo. Este último, según denuncian, opera con una lancha inoperativa desde antes de la crisis. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGE) ha matizado que ningún país europeo podría frenar un movimiento similar, pero ha insistido en que el dispositivo actual engañaría a la ciudadanía y expondría a los agentes. Ambas organizaciones coinciden en que la barrera flotante instalada no bastaría sin una «anticipación y coordinación» que, según AUGE, brilló por su ausencia el 30 de junio.
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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha añadido que el problema no es solo el número de efectivos —actualmente reforzados con 45 antidisturbios—, sino la capacidad operativa, logística y de coordinación. El sindicato ha señalado la necesidad de reforzar las brigadas de extranjería y fronteras en los puntos críticos del Tarayal y Benz, donde se concentraron las entradas anteriores. Las alertas se producen tras la difusión en redes sociales de mensajes como nuestra última oportunidad o todo se verá ese día, acompañados del lema Harriga Marruecos y difundidos por perfiles con miles de seguidores.
El Ministerio del Interior anunció este viernes el despliegue de más efectivos, aunque ninguno perteneciente a la Guardia Civil. Las asociaciones policiales han criticado esta decisión, al considerar que los agentes del Instituto Armado son clave para operaciones de control fronterizo y marítimo. La legalidad de la línea de boyas instalada para frenar las entradas a nado también ha sido cuestionada por algunos sectores, aunque las asociaciones no han aclarado su postura al respecto.
La crisis del 30 de junio colapsó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, con capacidad para 500 personas, y obligó a habilitar espacios alternativos. Las asociaciones policiales han recordado que la ciudad llevaba meses dando señales de alarma y colapso, sin que se adoptaran medidas preventivas. La falta de refuerzos permanentes, según Jucil, deja a Ceuta en una situación de vulnerabilidad ante nuevas oleadas, especialmente durante el verano, cuando las condiciones climáticas facilitan los cruces.
El Servicio de Información de la Guardia Civil, encargado de monitorizar amenazas en origen, ha sido señalado por AUGE como un área clave para evitar repeticiones. Sin embargo, las asociaciones denuncian que su capacidad actual es insuficiente para detectar con antelación movimientos organizados, como los que precedieron a la entrada masiva de junio.
