CRedacción Capitol·8 de agosto de 2026·3 min de lectura
Eduard Garzón, uno de los encausados, denuncia que la causa es «inventada» y pide el archivo inmediato tras la resolución europea que respalda la ley
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ) ha respaldado la aplicación de la ley de amnistía a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) encausados en la Operación Judas, entre ellos Eduard Garzón, a quien la Audiencia Nacional pide hasta 27 años de cárcel por terrorismo.
La resolución europea, emitida en julio de 2026, confirma que la amnistía cubre tanto los delitos de malversación como los de terrorismo, lo que obliga a la Audiencia Nacional a archivar el caso. Garzón, en declaraciones a Público, exige que el juez Félix Alonso Guevara se pronuncie sin demora, ya que las dudas planteadas al UJUÉ han quedado resueltas. «No hay que esperar dos meses; la causa debe archivarse ya», afirma. La defensa y la Fiscalía ya habían solicitado la aplicación de la amnistía, y el juez levantó las medidas cautelares, pero remitió la cuestión al UJUÉ, lo que Garzón interpreta como una «estrategia de retraso» para prolongar la represión.
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La acusación se basa en pruebas que los encausados califican de «inventadas». Garzón, por ejemplo, está acusado de financiación de terrorismo por una venta de camisetas que recaudó 600 euros. Seis de los doce procesados pasaron tres meses en prisión preventiva tras una operación policial en la que, según documentos judiciales, la Guardia Civil reconoció no haber encontrado armas ni explosivos. El juez de vigilancia penitenciaria de Madrid solicitó informes sobre supuestos hallazgos, pero la Guardia Civil confirmó que no existían. Las imágenes difundidas por las fuerzas de seguridad, que mostraban a agentes manipulando una bolsa con «polvo peligroso», resultaron ser serrín.
El caso se enmarca en un contexto de tensión política: la Operación Judas se inició en 2019, dos años después del referéndum del 1-O, y coincidió con la filtración mediática de las detenciones, que los acusados denuncian como una maniobra de intimidación. Garzón relata que, durante su arresto, las cámaras de televisión llegaron antes que los agentes, y que la Guardia Civil los trasladó a un descampado donde les advirtieron: «Ve a ver qué puede pasar». Además, los encausados presentaron una denuncia por malos tratos, aunque el texto no detalla su resolución.
Las consecuencias personales han sido graves. Garzón explica que la acusación nos ha roto la vida: algunos compañeros perdieron sus empleos, fueron desahuciados o sufrieron problemas de salud, como un encausado que padeció un ictus. «Estamos muy cansados», admite, y aunque la amnistía evitará condenas, no prevé indemnizaciones ni reparación por los daños sufridos. «Lo que ha pasado se olvidará», critica.
El marco legal de la amnistía, aprobada en 2024, ha sido cuestionado por sectores judiciales y políticos, pero el UJUÉ ha zanjado su validez. La Audiencia Nacional, sin embargo, aún no ha aplicado la resolución europea, lo que Garzón atribuye a una «resistencia institucional» para aceptar la ley. El caso ilustra la polarización en torno al independentismo catalán: mientras los partidos rupturistas han moderado su discurso, la represión judicial ha dejado secuelas en el movimiento, con activistas que cuestionan si «todo esto ha valido la pena».
