Lucas Lavilla, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva, acusa al Ministerio del Interior de dejar sin medios a los agentes que combaten el narcotráfico en Cádiz, Huelva y Almería y pide reactivar OCON-Sur
Las claves
- Lavilla afirma que el Gobierno solo se interesa por la declaración de profesión de riesgo para publicitarse.
- Según Lavilla, los narcos han multiplicado su actividad desde que Interior desmanteló OCON-Sur.
- La AUGC dice que no entiende el desmantelamiento «desde un motivo policial».
- La AUGC lleva más de una década pidiendo la declaración de Zona de Especial Singularidad para Cádiz, Huelva y Almería.
- Lavilla asegura que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos piden reactivar OCON-Sur.
Lucas Lavilla, secretario provincial de la AUGC en Huelva, denuncia la pasividad del Gobierno central en la lucha contra el narcotráfico en Cádiz, Huelva y Almería, poco antes de la reunión de Interior con las asociaciones sobre la declaración de profesión de riesgo.
Lavilla criticó la falta de recursos y el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), ordenado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y afirmó que desde entonces los narcos han multiplicado su actividad. El secretario provincial recordó que la AUGC lleva más de una década pidiendo la declaración de Zona de Especial Singularidad para Cádiz y Huelva, a la que ahora se suma Almería, y que la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y los vecinos piden reactivar la unidad.
Lavilla sostuvo que el Gobierno solo muestra interés por la declaración de profesión de riesgo cuando le sirve para publicitarse, tras más de siete años de negativas sistemáticas. El agente explicó que, en el día a día, los guardias salen a la calle «deseando tener un servicio tranquilo». Sin embargo, necesitan «los medios adecuados, la formación adecuada y el apoyo de tu estado» para evitar que los delincuentes se adueñen de la calle. Según Lavilla, la falta de personal y medios ha generado una «falta del concepto de autoridad», dejando a los guardias sin protección frente a agresiones y ataques políticos.
Lavilla alertó de la atracción del dinero fácil para los jóvenes, a los que, según dijo, se ofrecen 1.000 euros por un alijo, una cantidad que ningún trabajo legal les daría en tan poco tiempo. Ante esta situación, la AUGC exige endurecer el Código Penal y aplicar penas más disuasorias, como la tipificación del delito de piratería para quienes operan narcolanchas.
Lavilla también subrayó que el arraigo del narcotráfico se debe al abandono del Estado y a la falta de educación, y que una mayor presión policial reduciría la delincuencia. El secretario provincial concluyó que, si el Estado no protege a sus funcionarios, los guardias civiles tampoco se sienten protegidos.


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