Caso Zapatero, por qué la instrucción seguirá abierta el 29-N

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó el 27 de octubre preguntar a Arabia Saudí por el origen de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, según el Consejo General del Poder Judicial, y tramita la prórroga de una instrucción que vence el 28 de noviembre, la víspera del 29-N. Habrá autos antes de votar, no juicio.

• El plazo de la instrucción acaba el 28 de noviembre y la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a decidir la prórroga antes de esa fecha, así que el auto llegará en plena campaña, dentro de 32 días como mucho.
• Hacienda ha entregado al juez 516 anotaciones de regalos oficiales recibidos entre 2004 y 2011. Figura un reloj del rey saudí de junio de 2007 y no figuran los tres juegos de joyas, tasados de forma preliminar en 1,32 millones de euros.
• En el barómetro del CIS de octubre (estudio 3582), el 6,7 % cita la corrupción y el fraude entre los tres problemas de España, del 3,5 % de quienes votaron al PSOE en 2023 al 11,7 % de quienes votaron a Vox.

El caso Plus Ultra, que instruye Calama en la Audiencia Nacional y en el que Zapatero figura como investigado, llega a la campaña con su calendario ya escrito. Los dos testigos sobre el rescate de la aerolínea declaran el 19 de noviembre, el plazo de instrucción vence el 28, se vota el 29 y las dos hijas del expresidente están citadas como investigadas el 30. Nada de eso es una sentencia, ni lo será antes de las elecciones. Lo que sí habrá es una sucesión de resoluciones que cada bloque leerá a su manera, y conviene saber qué significa cada una antes de que lleguen.

Qué ha decidido el juez y qué no

Zapatero sostiene que los tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros hallados el 19 de mayo en el registro de su despacho fueron una atención personal del entonces rey de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en junio de 2007, y que los guardó desde entonces sin usarlos ni conocer su valor. Su defensa pidió una comisión rogatoria, que es la solicitud formal de ayuda judicial a otro Estado, para que la Corte saudí lo confirmara. El auto la rechaza, en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, y el comunicado del CGPJ resume sus motivos.

El razonamiento avanza en tres pasos. El juez aclara que no pide al investigado que pruebe su inocencia, pero sostiene que la diligencia solo tiene sentido si la versión de partida tiene «un mínimo elemento objetivo de corroboración», y hoy no lo ve. Después enfrenta esa versión con los papeles. La visita de 2007 consta, otros obsequios de aquel viaje entraron en el patrimonio público y el Código de Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2005 bajo la presidencia del propio Zapatero, ordenaba incorporar al Estado los regalos institucionales de especial significación. Por último, las joyas aparecieron sin estuches ni certificados, y nada impide al expresidente viajar a Arabia Saudí para pedir él mismo la confirmación. La comisión rogatoria, concluye el auto, serviría para «construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado».

El inventario que Hacienda remitió al juzgado refuerza ese contraste. Ocupa 31 páginas, recoge 516 anotaciones de regalos oficiales de 2004 a 2011 e incluye un reloj de esmeraldas del rey saudí entregado en junio de 2007, que acabó en Patrimonio del Estado. Los tres juegos no aparecen. La defensa dirá que precisamente por eso eran un regalo personal, y la acusación, que por eso debieron declararse.

Lo que el auto no hace también importa. Rechazar una diligencia es una decisión sobre qué pruebas se buscan, no sobre la culpa. El mismo comunicado precisa que Calama resolverá aparte la petición de Anticorrupción de atribuir a Zapatero un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal por no haber entregado las joyas. Investigado es la persona a la que se atribuye un hecho punible y que por eso tiene todos los derechos de defensa del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es un acusado ni un condenado, y le ampara la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución.

Por qué el 28 de noviembre pesa más que el 29

La regla que fija el calendario está en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la Ley 2/2020 reescribió. La instrucción dura doce meses desde que se abre la causa y el juez puede acordar prórrogas sucesivas de hasta seis meses, de oficio o a petición de parte, después de oír a todos. Debe hacerlo con un auto que explique por qué no ha podido terminar y qué diligencias faltan. El sistema anterior, de 2015, daba seis meses, o dieciocho si la causa se declaraba compleja.

El detalle decisivo está en el apartado tercero. Si el plazo se agota sin que el juez haya dictado la prórroga, las diligencias que acuerde después no valen. Por eso Calama abrió el trámite el 26 de octubre y dio cinco días hábiles a Anticorrupción y a las partes, como contó Capitol, y por eso su decisión tiene que llegar antes del 28 de noviembre. El juez justifica la ampliación en lo que queda pendiente, entre otras cosas la declaración de las hijas y el análisis de las joyas.

Una sola prórroga de seis meses llevaría la instrucción hasta el 28 de mayo de 2027, 213 días a contar desde hoy, y la ley admite otras. La consecuencia política es sencilla. Gobierne quien gobierne tras el 29-N, la investidura y los primeros meses de la legislatura convivirán con una causa todavía en fase de investigación, sin escrito de acusación ni juicio a la vista.

La fecha de las joyas tampoco es un detalle. Una testigo que colabora con Anticorrupción sostiene en un escrito que llegaron en 2019 como pago por el AVE a La Meca, aunque reconoce que no puede precisar cuándo. Es su versión y no un hecho probado. Zapatero mantiene la de 2007 y alega que el posible delito ante Hacienda estaría prescrito. Si se abre la vía de la malversación, la fecha también decide qué ley se aplica, porque el Código Penal juzga los hechos con la norma vigente cuando ocurrieron salvo que la posterior sea más favorable. Hoy el artículo 432 castiga la malversación con dos a seis años de prisión, y con cuatro a ocho si lo apropiado supera los 50.000 euros.

Cuánto pesa un sumario en las urnas

La historia electoral española sugiere que las instrucciones abiertas mueven menos votos de lo que se presume y que las sentencias mueven más. En 1993 el PSOE de Felipe González ganó con 159 escaños con el caso Filesa en los juzgados. En junio de 2016 el PP pasó de 123 a 137 diputados con varias causas de corrupción abiertas, y fue una sentencia, la de Gürtel de mayo de 2018, la que precipitó la moción de censura. La diferencia está en la naturaleza del documento, porque un auto de instrucción admite dos lecturas y una condena firme casi ninguna.

El barómetro de octubre del CIS (estudio 3582, 5.025 entrevistas del 1 al 6 de octubre) apunta en la misma dirección. La corrupción y el fraude aparecen entre los tres problemas de España para el 6,7 % de los entrevistados, muy lejos de la vivienda, que cita el 55,7 %. Lo revelador es el reparto. Entre quienes recuerdan haber votado al PSOE en 2023 la cita el 3,5 %, y entre quienes votaron a Vox, el 11,7 %. La categoría «el Gobierno y partidos o políticos concretos» sube al 33,6 % entre votantes del PP y al 39,9 % entre los de Vox, y baja al 5,2 % entre los del PSOE. Son datos del recuerdo de voto, que el CIS recoge con sesgos conocidos, y las submuestras pequeñas, como la de Vox con 405 entrevistas, tienen más margen de error. Aun así, el patrón es nítido. La corrupción funciona sobre todo como confirmación de una opinión ya formada sobre el Gobierno, más que como causa de un cambio de voto.

Eso no significa que el caso no cuente. Zapatero no es candidato el 29-N, pero una campaña corta puede amplificar cualquier resolución que coincida con un debate o con el último fin de semana. La media de encuestas de Capitol permitirá medir si alguna de estas fechas mueve algo, aunque con un mes por delante cualquier cambio será difícil de atribuir a una sola causa.

Lo que viene ahora tiene fechas concretas. Pasados los cinco días hábiles de alegaciones, Calama decidirá la prórroga, previsiblemente en noviembre y en todo caso antes del 28. En paralelo debe resolver si atribuye la malversación, y la defensa puede recurrir el auto de la comisión rogatoria. El 19 de noviembre declaran José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, antiguo director financiero de Plus Ultra, sobre el rescate de 53 millones de 2021. Y el 30 de noviembre, con las urnas ya cerradas, declararán como investigadas Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Ninguna de esas fechas dirá si alguien es culpable. Todas dirán algo sobre cómo avanza una investigación que seguirá abierta cuando el nuevo Congreso se constituya y un Gobierno en funciones espere su relevo. Toda la cobertura está en el especial de las elecciones del 29-N.