Un juez federal rechazó el miércoles apartar 20.000 votos por correo cuestionados por la Administración, a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre.
Las claves
- El Gobierno federal sostiene haber identificado a más de 20.000 personas posiblemente inscritas de forma irregular.
- Un juez federal rechazó apartar esos votos hasta comprobar la ciudadanía de sus titulares.
- El magistrado David O. Carter cuestionó la fiabilidad de la metodología del Gobierno.
- Las autoridades de California advierten de las dificultades técnicas para separar los votos cuestionados.
La Administración de Donald Trump ha abierto una investigación penal para aclarar si hay miles de personas sin ciudadanía estadounidense inscritas en el censo electoral de California. En ese marco, el Departamento de Justicia ha citado a funcionarios electorales locales ante un gran jurado federal, un nuevo episodio del choque con el Ejecutivo demócrata del estado, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El Gobierno federal sostiene que ha localizado a más de 20.000 personas que podrían estar inscritas de forma irregular y haber recibido papeletas para votar por correo.
Las citaciones llegan después de que el miércoles el juez federal David O. Carter rechazara la petición de la Administración de apartar esos votos hasta comprobar la ciudadanía de sus titulares. El magistrado consideró que el método con el que el Gobierno elaboró la lista suscitaba dudas sobre su fiabilidad y advirtió de que la medida podía perjudicar a electores con derecho a voto.
El Departamento de Justicia había presentado el 15 de octubre una demanda contra las autoridades de California y del condado de Los Ángeles para exigir la revisión de los registros cuestionados. Las autoridades californianas han advertido de que separar esos votos es técnicamente complicado, porque durante el procesamiento las papeletas se desvinculan de los sobres con los datos personales de los electores.
Trump ya había elevado la presión sobre los responsables electorales del estado al exigir una revisión de los registros y amenazar con consecuencias si no atendían sus reclamaciones.
La investigación forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración para revisar los censos antes de las elecciones de mitad de mandato. Las autoridades de distintos estados cuestionan la intervención federal, y en California, el estado más poblado del país, el pulso con la Casa Blanca ha llegado también a los tribunales.
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