El abogado sostiene que el tratamiento de datos no figura en el registro de actividades del Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a las más de 645.000 solicitudes de la ley de nietos tramitadas en esa oficina.
El abogado Guillermo Rocafort ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el Ministerio de Asuntos Exteriores. La denuncia se dirige a la plataforma informática con la que el Consulado de España en Buenos Aires gestiona las nacionalizaciones, a la que se entra con un identificador de usuario (IDU).
Según el escrito, esos datos personales no constan en el Registro de Actividades de Tratamiento que el Ministerio publica en su web, mientras que sí aparecen otros ficheros consulares, como los de visados o de residentes.
La reclamación, encuadrada como brecha de seguridad, sostiene que el sistema carecería de plan de seguridad, de control y registro de los accesos de quienes lo gestionan y de un plan propio de protección de datos. Tampoco identificaría al responsable directo del tratamiento. El denunciante añade que falta información sobre la finalidad del fichero, el plazo de conservación, las posibles cesiones a la Policía, la Guardia Civil, el CNI u otras administraciones de la UE y las vías para ejercer los derechos de los afectados.
Rocafort subraya que el sistema no garantiza la identidad del solicitante cuando este se registra, algo que, afirma, exige la normativa de los procedimientos de nacionalización. Según el escrito, el registro tampoco pide consentimiento informado, a diferencia de lo que sucede con los visados en el mismo consulado.
La vía de nacionalización abierta por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, cerró en octubre de 2025 la obtención de IDU y generó en Buenos Aires más de 645.000 solicitudes. Según el denunciante, esa oficina solo ha inscrito ante el Ministerio tratamientos de visados, altas de residentes y gestión electoral, sin referencia alguna a nacionalizaciones.
Rocafort explica que él mismo recurrió a la vía del artículo 20 del Código Civil, la carta de naturaleza para hijos de españoles, para evidenciar la falta de rigor en la identificación.
«He interpuesto esta denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de España contra el sistema informático de gestión de las nacionalizaciones del Consulado de Buenos Aires porque ese es el verdadero agujero negro del pucherazo electoral y donde, por lo que he podido analizar, se producen graves infracciones de la normativa que protege los datos personales de las personas interesadas», afirma Rocafort.
Corresponde ahora a la AEPD decidir si abre una inspección sobre el tratamiento de los datos de cientos de miles de personas en este procedimiento.
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