Los textos fijan 10 consejeros, pero el Consejo de Administración cuenta hoy con 15, según fuentes del sector, que hablan de una «grave anomalía jurídica»
Los estatutos sociales de Radio Televisión Española no se han tocado desde 2022, aunque hoy, viernes 30 de octubre, se cumplen dos años de la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 5/2024, que reformó la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. Esa norma obliga a la corporación a adaptar sus estatutos cada vez que cambia su ley reguladora, por el principio de jerarquía normativa.
Para ello hace falta que lo promueva el Consejo de la corporación o la SEPI, que posee todas las acciones de RTVE, que el Consejo de Ministros dé su visto bueno, que lo apruebe la Junta General de Accionistas y que se inscriba en el Registro Mercantil. Ninguno de esos pasos se ha dado desde que se aprobó el decreto.
El Congreso convalidó el decreto el mismo día en que se suspendió la sesión de control al Gobierno por la dana de Valencia, y lo hizo con los votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Podemos, Bildu, ERC y Junts. Aquella votación generó una fuerte polémica.
Fuentes del sector denuncian que RTVE opera con unos estatutos que no recogen los cambios legislativos y llegan a hablar de un «auténtico fraude de ley» y de una «tremenda irregularidad».
Como ejemplo, esas fuentes señalan que los estatutos inscritos prevén 10 consejeros, cuando el Consejo de Administración lo integran en la actualidad 15 vocales.
La discrepancia alcanza también a los contratos audiovisuales, como las producciones externas o los derechos deportivos: según los estatutos, el Consejo debe aprobar los de dos millones de euros o más. Afecta además a las funciones del Consejo, al que los estatutos encargan aprobar el organigrama y nombrar y cesar, a propuesta del presidente, a la alta dirección de primer nivel. Con el decreto de 2024, todo ello corresponde en exclusiva al presidente, José Pablo López, en contra de lo que dicen los estatutos.
Las mismas fuentes recuerdan que en el otoño de 2022, tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, el Gobierno modificó los estatutos en apenas unos días para dotar de poderes ejecutivos a Elena Sánchez. A su juicio, ahora no hay la misma urgencia para regularizar la situación.
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