Propone que cada concierto incluya un plan vinculante para reforzar la red pública y que las auditorías comprueben su cumplimiento.
Martín Blanco García, que fue viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía entre julio de 2015 y enero de 2017, defendió ante la Comisión de Sanidad del Parlamento andaluz disminuir de forma gradual los conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada. La comisión estudia la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por las plataformas de las mareas blancas. Blanco intervino el 20 de octubre durante diez minutos y afirmó: «Comparto la excepcionalidad y temporalidad de los conciertos que plantea la iniciativa».
El exalto cargo socialista ocupó ese puesto en el último Gobierno del PSOE en la Junta, etapa en la que impulsó conciertos con clínicas privadas.
Según su propuesta, cada concierto debería ir acompañado de un plan vinculante que concrete el refuerzo de los centros públicos, con su plantilla, equipamiento y financiación, además de responsables y plazos. La concertación disminuiría a medida que se recupere capacidad propia. Blanco sostuvo que incumplir ese plan no justifica por sí solo prorrogar los conciertos, y que las auditorías del artículo 76 deben comprobar también esos hitos.
El exdirigente pidió además transparencia en las listas de espera: que cada paciente sepa en qué fecha entró, cuál es su prioridad clínica y cuánto se prevé que esperará. Frente a la revisión inmediata del artículo 66 que pide la ILP, propuso recuperar capacidad pública de forma gradual, con financiación y sin interrumpir la asistencia.
Durante su etapa como viceconsejero, entre los expedientes con su firma figura la autorización de contratos para que el SAS derivara pacientes a hospitales homologados de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, en la provincia de Cádiz. El Consejo de Gobierno andaluz adoptó ese acuerdo el 25 de enero de 2016.
La jornada parlamentaria del 20 de octubre reunió también a representantes de CCOO, UGT Andalucía, CSIF, el sindicato de enfermería Satse y el Sindicato Médico Andaluz. Asistieron además portavoces del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).
El texto de la ILP sostiene que el deterioro de la sanidad pública se ha intensificado desde 2019, con la llegada del PP a la Junta. Propone modificar la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía para regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado, además de crear sistemas de control social de las decisiones de la administración y potenciar los recursos propios en todos los niveles asistenciales.
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