El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid alerta de que la incertidumbre frena la inversión, con un inversor que renunció a comprar suelo para 700 viviendas, mientras el Gobierno espera la votación de la Diputación Permanente el 12 de noviembre
El Congreso derogó el 2 de octubre los dos primeros decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. El Gobierno de España volvió a llevar las medidas al BOE con dos nuevos textos, cuya continuidad depende de la votación que la Diputación Permanente del Congreso celebrará el jueves 12 de noviembre.
El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Jorge Ginés, estima que entre 4.000 y 5.000 viviendas podrían verse afectadas por los últimos reales decretos. «Podemos estar en 4.000 o 5.000 viviendas», afirma. Ginés indica que la mayor dificultad radica en la incertidumbre que las medidas generan entre los inversores y afirma que «están paralizando las inversiones». Como ejemplo, cuenta que un inversor con el que habló decidió, tras el anuncio de los decretos, no comprar suelos donde se habrían podido levantar 700 viviendas.
Ginés advierte de que las medidas pueden comprometer la vivienda protegida en alquiler, un modelo que empezaba a desarrollarse con iniciativas como el Plan Vive. En su opinión, los decretos modifican las condiciones económicas de esas operaciones y complican la incorporación de capital privado. También señala que no se llegó a un consenso, pues asegura que los promotores no tomaron parte en la elaboración, a pesar de las declaraciones públicas sobre el diálogo con el sector.
Por su parte, el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPIMADRID-AIM) sostiene que los decretos agravarán la crisis del alquiler, porque provocarán que más viviendas salgan del mercado. Según la entidad, la incertidumbre jurídica y la ausencia de un pacto de Estado incrementan el miedo entre los propietarios y han originado una oleada de consultas acerca de la validez de los contratos y de los derechos tanto de arrendadores como de inquilinos.
El colectivo critica en especial la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos que vencen antes de diciembre de 2028, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y el límite del 2 % a la actualización de las rentas. Pide menos intervención en el mercado y medidas que impulsen la obra nueva. Alerta además de la confusión que generan los dos textos, sobre todo el decreto de la prórroga de los contratos, que debe entrar en vigor el 15 de noviembre.
El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ya había subrayado días atrás la incertidumbre que la nueva regulación traslada al sector, que permanece a la espera.
La Diputación Permanente votará el jueves 12 de noviembre, tres días antes de la fecha prevista para la entrada en vigor del decreto de prórroga de los alquileres, que sigue pendiente de convalidación parlamentaria.
Cobertura de Capitol
Comentarios