Las claves
- El convenio de seguridad entre España y Angola se firmó el 5 de noviembre de 2018 y no entró en vigor hasta el 25 de septiembre de este año.
- España pagará los gastos directos del billete de avión y del traslado de los retornados.
- En España residen 1.519 personas de nacionalidad angoleña, según el INE.
El convenio de cooperación en seguridad entre España y Angola, rubricado en noviembre de 2018 y que agiliza la devolución de angoleños en situación irregular, no entró en vigor hasta el 25 de septiembre de 2026, con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. El acuerdo de cooperación en seguridad y lucha contra la delincuencia firmado entre España y Angola el 5 de noviembre de 2018 sólo se activó el 25 de septiembre de 2026, más de 2.800 días después.
Otros pactos similares con países africanos se activaron mucho antes. El de Marruecos entró en vigor tres años y dos meses tras su firma; el de Mauritania, suscrito el 26 de mayo de 2015, apenas cinco meses después; y el de Senegal, firmado en marzo de 2006, a los 11 meses.
El nuevo tratado sustituye al de 1997, que solo se refería de forma genérica a la lucha contra la inmigración ilegal, y regula con más precisión cómo devolver a quienes se encuentran en situación irregular.
Un «manual de instrucciones» establece la forma en que la Policía Nacional debe organizar los desplazamientos, manejar las escalas aeroportuarias y llevar a cabo las expulsiones garantizando la legalidad.
España, como Estado emisor, pagará directamente el billete de avión y la escolta o el traslado de la persona retornada. Las autoridades angoleñas, por su parte, se comprometen a prestar apoyo logístico cuando llegue al aeropuerto de destino.
Ese soporte comprende la acogida, la custodia dentro del área del aeropuerto y la supervisión de los accesos.
La comunidad africana registrada en España ha aumentado un 25 % desde 2018, superando ya los 1,52 millones de habitantes.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España residen 1.519 personas de nacionalidad angoleña, el 0,1 % del total de africanos empadronados. La cifra apenas ha variado en los últimos años.
El pacto también contempla las «entregas vigiladas», una técnica investigadora que faculta a las fuerzas de seguridad para identificar envíos ilícitos de drogas, armas o capital no declarado y permitir que continúen su trayecto bajo la supervisión conjunta de ambas policías.
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