CRedacción Capitol·11 de agosto de 2026·2 min de lectura
El Seprona detectó falta de alimento y agua en una explotación de El Tiemblo, donde dos personas están bajo investigación
La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha abierto una investigación en Ávila por presunto abandono y maltrato animal en una explotación caprina de El Tiemblo. Según fuentes del Instituto Armado, la inspección reveló graves irregularidades, como la ausencia de alimento y agua en condiciones suficientes para los animales, además de la presencia de numerosos cadáveres.
El caso se enmarca en las competencias del Seprona, unidad especializada en delitos medioambientales y contra la fauna. La investigación, iniciada tras una denuncia o actuación rutinaria no detallada en el comunicado, se centra en dos personas presuntamente implicadas. El Código Penal español tipifica el maltrato animal en su artículo 337, con penas de hasta 18 meses de prisión, mientras que el abandono puede ser sancionado con multas o inhabilitación para la tenencia de animales.
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El municipio de El Tiemblo, con unos 5.000 habitantes, carece de competencias directas en la inspección de granjas, pero el Ayuntamiento podría colaborar con la Guardia Civil en labores logísticas. La Junta de Castilla y León, responsable de la política agraria y ganadera en la comunidad, no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque su normativa autonómica exige controles periódicos en explotaciones para garantizar el bienestar animal.
Este tipo de investigaciones no son aisladas: en 2025, el Seprona intervino en 1.243 casos de maltrato animal en España, un 12% más que el año anterior. La mayoría de las denuncias procedieron de particulares o asociaciones protectoras, aunque en este caso concreto no se ha especificado el origen de la alerta. La Guardia Civil recuerda que el maltrato animal puede denunciarse de forma anónima a través del teléfono 062.
La explotación afectada, cuya actividad económica no ha sido detallada, podría enfrentar sanciones administrativas además de las penales. La Ley 32/2007 para el cuidado de los animales en la explotación, transporte y sacrificio establece que los titulares de granjas deben garantizar condiciones mínimas de alimentación, higiene y espacio, requisitos que, según el comunicado, no se cumplían en este caso.
