En entrevista a Herrera en COPE, Enrique Pascual indica que el borrador autonómico prevé un aumento del 50 % del gasto para colocar cerca de 2.000
Las claves
- El borrador presupuestario autonómico prevé un aumento del 50 % del gasto para poner en el mercado cerca de 2.000 viviendas públicas el próximo ejercicio.
- En Castilla y León la demanda anual de viviendas se sitúa entre 4.500 y 5.000 unidades.
- El sector privado solo cubre entre el 20 % y el 30 % de esa demanda por falta de suelo y capacidad constructiva.
- El promedio histórico de viviendas públicas construidas en los últimos cuatro años es de 700 inmuebles, muy por debajo de las 2.000 prometidas.
- Los plazos de tramitación y edificación hacen que la entrega de los inmuebles se prolongue entre tres y cuatro años.
En la entrevista a ‘Herrera en COPE’, Enrique Pascual, presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, ha advertido la falta de capacidad para construir viviendas públicas. El proyecto presupuestario prevé un aumento del 50 % del gasto para poner en el mercado cerca de 2.000 viviendas públicas el próximo ejercicio.
Pascual indica que la demanda anual de viviendas en la comunidad oscila entre 4.500 y 5.000 unidades por la creación de nuevos hogares y el crecimiento poblacional. El sector privado solo cubre entre el 20 % y el 30 % de esa demanda por falta de suelo y limitada capacidad constructiva.
Las instituciones públicas prometen 2.000 viviendas, cifra que supera el promedio histórico de los últimos cuatro años, fijado en 700 inmuebles. Pascual ha remarcado que «no hay industria en Castilla y León para hacer 2000 viviendas públicas el próximo año» y ha criticado la falta de diálogo con una entidad que acumula 43 años construyendo obra pública en la región.
Los plazos de tramitación y edificación hacen que la entrega de los inmuebles se prolongue entre tres y cuatro años. Antes de la crisis de 2007 la capacidad productiva del sector alcanzaba 18.000 millones de euros; hoy ronda los 7.000 millones.
El empleo en la construcción ha caído de 340.000 trabajadores a 67.000 empleados, reflejando la pérdida de mano de obra. Las ofertas desiertas en licitaciones públicas han pasado del 1 % al 10 %, pues muchos licitadores prefieren el sector privado.
La Junta de Castilla y León concentra la gestión de vivienda, mientras que los ayuntamientos asumen el planeamiento urbanístico. Pascual ha afirmado que «territorio que no construye, territorio que está hipotecando su futuro» para advertir de las consecuencias de la infraconstrucción. La escasez de oferta está convirtiendo un problema económico en un problema social que afecta especialmente a los jóvenes.
