La Comisión Europea admite a trámite la denuncia de Junts contra la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno

La Comisión Europea confirmó el 23 de octubre, en una carta de la jefa de unidad Anita Vella, que examinará la queja de Junts contra el real decreto de regularización de abril, para comprobar si respeta las «obligaciones europeas sobre cooperación, expulsiones, asilo y diversidad lingüística».

La Comisión Europea comprobará si el Gobierno de España incumplió el derecho comunitario al poner en marcha la regularización masiva de inmigrantes, un trámite previo a la eventual apertura de un procedimiento de infracción contra el país. Bruselas insiste en que regularizar es una «competencia nacional» y limita su análisis al método empleado.

El 23 de octubre la jefa de unidad de la Comisión, Anita Vella, respondió mediante una carta en la que confirmó haber registrado la queja y manifestó que la revisará «a la luz de la legislación aplicable de la Unión Europea». Después, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior informará de sus conclusiones y de las actuaciones que, en su caso, proceda emprender.

Según la documentación del partido de Carles Puigdemont, la queja se presentó a principios de julio contra la regularización que fue aprobada por real decreto en abril. Junts destaca que el Gobierno optó por aplicar una norma del Ejecutivo en vez de una ley debatida en las Cortes. La denuncia cuestiona tanto la coordinación con otros Estados miembros como el esquema de los permisos y sus consecuencias.

Junts sostiene, en primer lugar, que la Comisión y los demás Gobiernos de la Unión no recibieron la información necesaria e invoca el deber de cooperación leal, recordando que un permiso español permite circular por el espacio Schengen hasta 90 días dentro de cada período de 180. En segundo término, denuncia que los procesos de expulsión o retorno se archivan mediante una fórmula general, «sin distinción individual», que afecta a resoluciones confirmadas por los tribunales.

En tercer lugar, el partido señala que conceder permisos de residencia a solicitantes de asilo que abandonen su solicitud o recurso constituye, a su entender, una vía abreviada del sistema de asilo. En cuarto lugar, critica que el aprendizaje de la lengua del territorio se convierta en un requisito adicional para renovar el permiso y reclama que Cataluña tenga competencias en materia de inmigración, frente a una normativa uniforme para todo el Estado.

Junts expone una posición diferente a la de PP y Vox, quienes también criticaron la regularización y en enero recibieron del comisario Magnus Brunner una respuesta centrada en la competencia nacional, según el resumen del partido. Junts indica que en mayo la Comisión, frente a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, reconoció una «dimensión externa» cuyas repercusiones «no pueden ser ignoradas».

La vía europea se suma a la judicial. El Tribunal Supremo desestimó el 8 de julio la solicitud de suspensión cautelar del decreto, petición presentada por la Generalitat Valenciana y Aragón, y rechazó la posibilidad de consultar al TJUE «en este momento procesal». Los recursos siguen abiertos.

Bruselas recuerda que mantiene la facultad de decidir entre actuar o archivar, y subraya que la queja no detiene la regularización ni revoca los permisos ya otorgados. Un anexo a la carta indica que un incumplimiento podría derivar en un emplazamiento, un dictamen motivado y una demanda ante el TJUE, y que, si el Estado no acata la sentencia, la Comisión está autorizada a volver al tribunal para solicitar sanciones económicas.

Según ese anexo, la evaluación preliminar debe llegar en dos meses desde el registro de la queja, y la decisión de emplazar o archivar, en un año; si se supera ese plazo, la Comisión debe informar por escrito.