El síndic de Greuges, Ángel Luna, elegido por las Corts el 28 de noviembre de 2019, cumplirá siete años desde su toma de posesión el 3 de diciembre y continuará con el mandato caducado, porque renovarlo exige tres quintas partes del parlamento valenciano
Lo importante
- La renovación de la institución requiere tres quintas partes del parlamento valenciano.
- Margarita Soler, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, lleva cuatro años con el mandato caducado.
- El PSPV carece de representación en la Mesa de las Corts tras la salida de Gabriela Bravo.
- El PSPV culpa al PP del bloqueo institucional.
El periodo legal de siete años que le corresponde a Ángel Luna como síndic de Greuges concluye en unas semanas, aunque continuará al frente de la entidad. El 28 de noviembre de 2019 fueron designados por las Corts y, a partir del 3 de diciembre, se cumplen siete años de su toma de posesión. Para renovar el cargo hace falta el respaldo de tres quintas partes del parlamento valenciano, una mayoría que solo se alcanza con un acuerdo entre PP y PSPV, los dos grandes partidos de la cámara.
El defensor del pueblo valenciano es una de las seis instituciones estatutarias que forman la Generalitat según el artículo 20.3 del Estatut, junto a la Sindicatura de Comptes, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura y el Consell Econòmic i Social. La falta de entendimiento entre populares y socialistas afecta a todas ellas desde antes de la dana y de la llegada de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat en julio de 2023. También alcanza a la Mesa de las Corts, donde el PSPV carece de representación desde la salida de Gabriela Bravo, porque el PP no quiso facilitar que otro socialista ocupara su plaza.
El caso más antiguo es el del Consell Jurídic Consultiu, cuya presidenta, Margarita Soler, terminaba su etapa hacia octubre de 2022. Soler lleva cuatro años con el mandato caducado, igual que otros tres miembros elegidos por las Corts: Enrique Fliquete, Carmen Pérez y Joan Carles Carbonell. Los socialistas culpan al PP del bloqueo y afirman que, de cara a las elecciones de 2023, los populares se acercaron al acuerdo pero prefirieron aguardar una nueva mayoría en las Corts.
El Consell del Botànic solo ha podido renovar a los dos miembros que nombra directamente: Enrique de Lucas, adscrito al PSPV, y Fernanda María Lapresta, adscrita a Compromís. Su mandato acaba en abril de 2027 y, como no dependen de las Corts sino de un acuerdo del Consell, el actual Ejecutivo, el de Llorca, podría sustituirlos.
Con el tiempo, el bloqueo se extendió a otras instituciones tras la dana. En este último periodo únicamente se han renovado las presidencias dependientes directamente del Consell: Fernando Móner accedió a la del Consell Econòmic i Social en febrero de 2025 y José María Lozano a la del Consell Valencià de Cultura en abril del mismo año. En el Consell Valencià de Cultura, cuyos vocales eligen las Corts por seis años, la mitad tiene el mandato caducado desde noviembre de 2024 y la otra mitad lo mantiene en vigor un año más.
En la Sindicatura de Comptes, órgano encargado de fiscalizar las cuentas del Consell, su titular Vicent Cucarella y Antonio Mira-Perceval llevan cuatro años con el mandato vencido. Además, sigue vacante la plaza que dejó la fallecida Marcel Miró.
Varias de estas instituciones se han convertido en voz crítica con determinadas políticas del PPCV. El Consell Valencià de Cultura ha calificado la ley de Concordia de «manipulación» y «ofensa» a las víctimas del franquismo. Luna ha denunciado la «deriva institucional peligrosa» en las Corts y ha provocado la irritación de Vox al aludir a la ilegalidad de la «prioridad nacional». Por su parte, el Consell Jurídic Consultiu puso una cincuentena de reparos al proyecto de ley del Suelo.
La Acadèmia Valenciana de la Llengua sí ha podido renovarse antes del verano, porque su ley establece que sus propios miembros eligen a los nuevos académicos y a la presidencia. Así se nombró presidenta a Maria Àngels Francés y se cubrió el último tercio de académicos pendiente de sustitución desde el inicio de la institución. En su caso, el bloqueo se ha traducido en recortes presupuestarios.
Comunitat Valenciana ante el 29-N
La Comunitat Valenciana reparte 33 diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, los mismos que en 2023: Valencia 16, Alicante 12 y Castellón 5. Su censo suma 3.875.222 electores.
En las generales de 2023 ganó el PP en la comunidad, con el 35,5 % de los votos a candidaturas. Quedó así: PP 13, PSOE 11, Vox 5 y Sumar 4.
Los datos de cada circunscripción: Valencia, Alicante, Castellón.
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