El Gobierno argumenta en la memoria de impacto revisada del real decreto sobre centros de datos que no debe comunicarlo a la Comisión Europea, mientras Spain DC, la patronal que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, busca que Bruselas lo examine antes de su aprobación
El Gobierno español sostiene que el real decreto que prepara para fijar exigencias ambientales y de seguridad digital a los nuevos centros de datos no tiene que ser comunicado previamente a la Comisión Europea. Así lo recoge la nueva memoria de análisis de impacto normativo, que afirma que el proyecto queda fuera del ámbito del procedimiento de información previsto en la normativa europea.
El Ejecutivo ha elaborado una versión revisada del texto, con algunos aspectos flexibilizados, y ha reescrito la memoria con argumentos nuevos para responder a las dudas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su informe sobre el primer borrador, el organismo advirtió de que Bruselas podría tener que ser informada por incluir medidas que afectarían a la libre prestación de servicios de la sociedad de la información. Añadió que, si el Gobierno descartaba ese paso, debía justificarlo de forma reforzada en la memoria.
La defensa jurídica del Gobierno se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que liga la información previa a Bruselas a las normas que regulan «especificaciones técnicas», es decir, las condiciones del producto o de su envase. Según el Ejecutivo, el decreto no regula condiciones del servicio que prestan los centros de datos. Sostiene además que las obligaciones ambientales, en particular las de consumo de electricidad renovable, son requisitos para obtener o conservar los permisos de conexión a la red eléctrica.
El borrador también contempla requisitos de soberanía digital para los datos de las instalaciones, catalogados como de alta seguridad: solo podrán operar empresas con sede en la Unión Europea, los datos procesados deberán permanecer en territorio comunitario y se vigilarán de manera eficaz los accesos procedentes de terceros países. El Gobierno destaca que los promotores acreditarán dichas condiciones mediante una declaración responsable, sin necesidad de permisos previos, y que la supervisión se realizará posteriormente. Por eso, a su juicio, pertenecen a las disposiciones sobre operaciones económicas, que el Tribunal de Justicia sitúa fuera del concepto de reglamento técnico.
Spain DC, que agrupa a los promotores de centros de datos, se ha movilizado para que el texto pase por Bruselas y se retrase una aprobación inminente. El sector rechaza unas condiciones que considera imposibles de cumplir. Las empresas tecnológicas exigen que la Comisión Europea se pronuncie, lo que evitaría que el Gobierno apruebe el decreto previo a las elecciones del 29 de noviembre.
La comunicación a Bruselas abriría un procedimiento de estudio de al menos tres meses, en el que los Estados miembros podrían examinar el texto y presentar alegaciones. Si la Comisión o algún Estado presentara un informe motivado en contra, se abriría un nuevo plazo de tres o cuatro meses, según el caso, para que el Gobierno defienda la legalidad de la norma. Además, la Comisión puede bloquear un proyecto durante un periodo de entre 12 y 18 meses si prevé adoptar una normativa armonizada para toda la UE.
Para saber más: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña), Ceuta: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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