Vox llevará a los tribunales el reparto de 1.300 menores migrantes de Ceuta y rompe con el PP

Los vicepresidentes autonómicos de la formación exigen pruebas médicas para cada expediente y amenazan con impugnar judicialmente los traslados a otras comunidades

Vox prepara una impugnación judicial del reparto de los 1.300 menores migrantes que permanecen en Ceuta, una estrategia que marca su ruptura con la postura del Partido Popular (PP) y que incluye la exigencia de pruebas médicas como radiografías de muñeca para verificar la edad de cada menor.

La formación de Santiago Abascal, que ya anunció la ausencia de sus representantes en la reunión convocada para este jueves por la ministra de Infancia, Sira Rego (Izquierda Unida), con las comunidades autónomas, ha remitido tres cartas a la titular del ramo en las que insta al Gobierno a paralizar cualquier traslado hasta que se completen los expedientes individualizados. Los vicepresidentes autonómicos de Vox —Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León)— argumentan que la distribución de los menores dificultaría su repatriación y advierten de que impugnarán judicialmente aquellos expedientes que, a su juicio, deban resolverse con la devolución al país de origen.

El conflicto reproduce la tensión que en 2024 llevó a Vox a romper los gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas tras un episodio similar en Canarias, aunque esta vez la formación descarta esa vía. La diferencia, según fuentes de Vox, radica en que el volumen actual de llegadas —superior al registrado hace dos años— y la situación en Ceuta convierten el reparto en un acto de guerra híbrida atribuido al régimen marroquí de Mohamed VI. La formación acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «endosar» a las autonomías una competencia que, según la legislación, corresponde al Estado en materia de fronteras y extranjería.

El PP, aunque también critica las cuotas fijadas por el Ejecutivo y exige la devolución de los menores a Marruecos, acepta un reparto «solidario» entre comunidades, una postura que choca con la de Vox. Los populares han alertado de que, en episodios anteriores, hasta la mitad de los menores trasladados a Madrid y Baleares resultaron ser mayores de edad, una cifra que Vox esgrime para justificar su exigencia de pruebas médicas exhaustivas. La ley obliga a la acogida de menores no acompañados, pero la formación de Abascal sostiene que la distribución peninsular dificultaría la localización de sus familias para una eventual repatriación.

La estrategia judicial de Vox se centrará en impugnar los expedientes que, tras su revisión, no cumplan con sus criterios, lo que podría retrasar o bloquear los traslados. Mientras, el Gobierno mantiene que el proceso sigue adelante, con la previsión de remitir los expedientes a las comunidades una vez finalizadas las evaluaciones. La ministra Rego ha evitado hasta ahora responder públicamente a las cartas de Vox, pero fuentes del Ministerio de Infancia insisten en que el reparto se ajustará a la legalidad vigente.

Fuente: El Periódico (Política)