CRedacción Capitol·12 de agosto de 2026·2 min de lectura
El atacante, apartado del cuerpo, entró en el acuartelamiento de Asturias con un arma reglamentaria y mató a una guardia civil antes de morir abatido
Un agente de la Guardia Civil expulsado del cuerpo asesinó el pasado miércoles a su expareja, también guardia civil, en el cuartel de Llanes (Asturias) tras acceder al acuartelamiento y hacerse con un arma reglamentaria. El atacante murió abatido por disparos de sus compañeros, según fuentes del Instituto Armado. El suceso ha reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad y el control de armas en las dependencias policiales, especialmente para personal apartado del servicio.
El agresor, cuya identidad no ha sido facilitada oficialmente, había sido expulsado de la Guardia Civil, aunque se desconoce el motivo concreto de su baja. Según el texto fuente, logró entrar en el cuartel —una taquilla utilizada habitualmente por el cuerpo— y acceder a un arma, lo que permitió cometer el crimen. La víctima trabajaba en ese mismo puesto, lo que sugiere que el atacante conocía la ubicación y los protocolos internos.
Publicidad
Este caso pone de relieve las lagunas en los mecanismos de control de armas para exagentes, un colectivo que, pese a no estar en activo, puede conservar conocimientos operativos y acceso a instalaciones. Aunque la normativa interna de la Guardia Civil establece que los agentes apartados deben entregar su armamento, no siempre se verifica su cumplimiento de forma exhaustiva. Además, el hecho de que el ataque ocurriera en un acuartelamiento —espacio teóricamente seguro— añade un factor de vulnerabilidad adicional.
El suceso ha generado reacciones en el ámbito político y sindical. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido una revisión urgente de los protocolos de seguridad en las dependencias policiales, mientras que el Ministerio del Interior, del que depende la Guardia Civil, no ha emitido aún un comunicado oficial. En casos similares, como el asesinato de una agente en 2018 por su expareja —también guardia civil—, se implementaron medidas como la retirada inmediata de armas tras una expulsión, aunque su aplicación efectiva sigue siendo cuestionada.
La investigación judicial, que corre a cargo del Juzgado de Instrucción de Llanes, deberá determinar cómo el agresor logró acceder al arma y si existieron fallos en los protocolos de seguridad. Mientras, el cuerpo ha activado el protocolo de apoyo psicológico para los agentes afectados, dado el impacto emocional que este tipo de sucesos tiene en las plantillas.
