Defensor del Pueblo exige respuestas a cuatro administraciones por la crisis migratoria en Ceuta
Ángel Gabilondo solicita datos sobre menores no acompañados, condiciones sanitarias y solicitudes de asilo tras la entrada de migrantes el 30 y 31 de julio
CRedacción Capitol·13 de agosto de 2026·2 min de lectura
Ángel Gabilondo solicita datos sobre menores no acompañados, condiciones sanitarias y solicitudes de asilo tras la entrada de migrantes el 30 y 31 de julio
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto una actuación de oficio para evaluar las medidas adoptadas por las administraciones ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio. La institución ha requerido información a la Secretaría de Estado de Migraciones, la ciudad autónoma de Ceuta, la Fiscalía General del Estado y la Delegación del Gobierno en la ciudad.
Gabilondo ha solicitado detalles sobre la situación humanitaria de las personas que pernoctan a la intemperie debido a la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Entre las quejas recibidas, la institución destaca carencias en agua potable, higiene, atención sanitaria y alimentos, así como la falta de ropa limpia. La Fiscalía y la ciudad autónoma de Ceuta deberán informar también sobre las actuaciones para proteger a los menores no acompañados, muchos de ellos aún sin identificar y escondidos en zonas de la ciudad.
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La Delegación del Gobierno en Ceuta ha sido requerida para aportar datos sobre el número de personas con necesidades de protección internacional, las solicitudes de asilo presentadas desde el 30 de julio y el resultado del triaje aplicado según la legislación europea. Gabilondo ha subrayado la necesidad de colaboración entre administraciones para garantizar la acogida de menores, recordando que la crisis afecta a «cientos de personas, muchas de ellas menores, que esperan alguna respuesta».
El Defensor del Pueblo ya trasladó su pésame por los fallecidos durante los cruces irregulares y expresó su solidaridad con la población ceutí, que vive «días de incertidumbre y preocupación». La actuación de oficio se enmarca en las competencias de la institución para supervisar el cumplimiento de los derechos fundamentales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la de los menores no acompañados o las personas en tránsito.
La crisis migratoria en Ceuta ha reabierto el debate sobre la gestión coordinada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Mientras, organizaciones humanitarias han denunciado la saturación de los recursos locales, que dependen en gran medida de la capacidad del CETI, diseñado para acoger a un número limitado de personas.
