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Las supervivientes del Patronato franquista piden una pensión y no un cheque tardío

Las supervivientes del Patronato franquista piden una pensión y no un cheque tardío

El Ejecutivo estudia reconocimiento, reparación y una posible prestación económica para las mujeres internadas en estos reformatorios, que reclaman techo, pensión y atención sanitaria.

·14 de noviembre de 2026·2 min de lectura

El Ejecutivo estudia reconocimiento, reparación y una posible prestación económica para las mujeres internadas en estos reformatorios, que reclaman techo, pensión y atención sanitaria.

El Gobierno de coalición ha incluido por primera vez en su cuarto Plan de Igualdad la protección de las supervivientes del Patronato de Mujeres, la institución franquista que encerró a miles de jóvenes por no ajustarse a la moral de la época.

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, asegura que el objetivo es «recuperar la memoria de estas mujeres» para «hacer justicia». «Nuestra democracia tiene claramente una deuda con ellas», señala. El Ejecutivo ya pidió perdón en marzo de este año a 53 víctimas del Patronato, cuyos reformatorios se extendían por todo el territorio español.

El Patronato de Protección a la Mujer, activo entre 1941 y 1985, internó a miles de niñas y jóvenes por conductas que el régimen consideraba inmorales. Las mujeres podían ser encerradas aunque no hubieran cometido ningún delito, sin juicio y sin opción de recurrir. Buena parte de los centros estaban gestionados por congregaciones religiosas, donde se denuncian aislamiento, castigos físicos y sustracción de bebés.

Las supervivientes consideran insuficientes los pasos dados hasta ahora. Paca Blanco, superviviente del Patronato, aplaude la iniciativa del Ejecutivo, pero admite que no basta: «Yo no quiero una prestación económica que me llegue en un cheque cuando me haya muerto para que, por ejemplo, uno de mis nietos se compre un coche». Para Blanco, la reparación pasa por garantizar a estas mujeres un techo, una pensión con la que alimentarse y atención sanitaria.

Blanco, de 77 años, dirige la Asociación de Supervivientes Las Olvidadas, que exige compensaciones y pensiones que consideren los años de libertad arrebatados, así como asistencia sanitaria y psicológica especializada y apoyos para una vivienda digna. En su opinión, hasta ahora no ha habido «ninguna» reparación, más allá del diploma de reconocimiento como víctimas.

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