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Foto: Rastrojo

Rastrojo (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, rechaza que Europa copie a Trump o Bukele con los migrantes

Cinco países de la UE quieren trasladar a Ruanda a migrantes sin papeles para agilizar expulsiones desde 2027. El Gobierno ruandés rechaza las críticas de las ONG y dice que respetan los derechos humanos.

·17 de noviembre de 2026·3 min de lectura

Cinco países de la UE quieren trasladar a Ruanda a migrantes sin papeles para agilizar expulsiones desde 2027. El Gobierno ruandés rechaza las críticas de las ONG y dice que respetan los derechos humanos.

Las claves

  • Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos prevén abrir en Ruanda un centro para migrantes que hayan agotado las vías legales, con traslados desde 2027.
  • La iniciativa se ampara en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, aprobado en octubre con el único voto en contra de España.
  • Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos han criticado el proyecto.
  • El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, rechaza las críticas y asegura que los migrantes no serán retenidos en campos.

En una rueda de prensa personal este martes, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, manifestó su crítica al proyecto de cinco estados miembros de la UE que pretende establecer en Ruanda un centro de deportación de migrantes. «Honestamente, en mi opinión personal, Europa no debe emular el ejemplo de Trump o Bukele», afirmó, en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al de El Salvador, Nayib Bukele.

Ribera solicitó reflexionar sobre el trato a las personas y las necesidades que experimentan los seres humanos al huir de situaciones extremas como el hambre o la guerra, advirtiendo que estas se intensificarán con un cambio climático severo.

El lunes, en Viena, Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos anunciaron conjuntamente con Ruanda la creación de un centro destinado a trasladar a migrantes que ya no disponen de vías legales para permanecer en la UE y que no pueden ser retornados a sus países de origen. Aunque sigue en negociación, el plan prevé iniciar los traslados en 2027 y habilitar al principio unas instalaciones para alrededor de un centenar de personas.

Los cinco gobiernos afirman que el mecanismo aceleraría las expulsiones y desincentivaría la inmigración irregular, y que los migrantes enviados podrían instalarse en Ruanda con acceso a empleo y servicios públicos, o bien regresar voluntariamente a sus naciones. El canciller austriaco, Christian Stocker, habló de un «cambio de paradigma» y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, de un «punto de inflexión».

La iniciativa se apoya en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, aprobado en octubre con el único voto en contra de España, que permite a los Estados miembros crear centros de retorno en terceros países mediante acuerdos que respeten el derecho internacional y los derechos fundamentales.

Las palabras de Ribera contrastan con la posición de la Comisión Europea del lunes. Markus Lammert, portavoz de Interior, recibió «con satisfacción» los esfuerzos de los países promotores y sostuvo que dichos centros pueden ayudar a combatir la inmigración irregular y a mejorar la eficacia de las expulsiones.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron el anuncio, igual que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresó su «preocupación». En un comunicado, la Oficina sostuvo que la solución «no pasa por medidas aisladas, a menudo muy costosas, consistentes en buscar países lejanos que se ocupen de un aspecto de la gestión migratoria, ni por externalizar obligaciones en materia de derechos humanos».

Vincent Biruta, ministro del Interior de Ruanda, desestimó este martes esas críticas durante una conferencia internacional sobre migración celebrada en Viena. «Resulta sencillo para ciertas organizaciones limitarse a criticar sin ofrecer alternativas», sostuvo, añadiendo que en su nación se respetan los derechos humanos.

Biruta aseguró que los migrantes enviados desde Europa no serán retenidos en campos, que muchos decidirán volver a sus países de origen y que quienes opten por quedarse serán integrados en la sociedad ruandesa. Añadió que, a su juicio, el plan disuadirá los viajes peligrosos hacia Europa y supondrá el fin de las redes criminales dedicadas al tráfico de personas.

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