La medida, aplicada desde julio en tres centros de menores extranjeros no acompañados, se extiende a toda la red. La Vicepresidencia sostiene que ha mejorado la convivencia y el control del gasto público, y solo mantiene incentivos educativos.
Alejandro Nolasco, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, ha firmado este martes una instrucción que elimina de manera definitiva los pagos periódicos en efectivo destinados a los menores alojados en los centros de acogida de la red pública de protección autonómica. Esta decisión, que se venía aplicando con carácter provisional desde finales de julio en tres instalaciones, abarca ahora la totalidad de los centros.
La suspensión arrancó como medida cautelar en tres centros que atienden a menores extranjeros no acompañados. La Vicepresidencia señala que en esas instalaciones se registraba una cifra elevada de episodios graves, como agresiones, amenazas, altercados y robos, respaldados por numerosos informes oficiales y denuncias ante la policía y los tribunales. Según afirma, entre los incidentes se encontraban coacciones y agresiones perpetradas por algunos menores contra otros con el fin de apropiarse del dinero que recibían.
A ello se sumaba, según el departamento, una falta de control de estos pagos con fondos autonómicos. En febrero de 2026, la Cámara de Cuentas de Aragón abrió un procedimiento de fiscalización del gasto de los centros, que incluye la partida conocida como «dinero de bolsillo».
Transcurridos casi cuatro meses desde la suspensión provisional, la Vicepresidencia considera que la medida ha cumplido su propósito, según los informes de las direcciones de los centros de gestión directa y de los gestionados mediante entidades concertadas.
La medida suprime la entrega regular de efectivo, ya sea de forma constante o general, en todos los centros de menores que forman parte de la red pública aragonesa, sin distinguir nacionalidad alguna. Se mantienen exclusivamente los «incentivos educativos individualizados» que ya aplican las entidades gestoras, siempre que persigan objetivos educativos concretos, estén incluidos en los programas de intervención socioeducativa y sean supervisados por los profesionales responsables de cada menor.
El documento indica que dichos incentivos deben funcionar como refuerzo positivo para lograr metas educativas individuales, y no como una asignación económica regular o automática sin justificación. Según la Vicepresidencia, el nuevo esquema posibilita un control más adecuado de los fondos públicos que financian los conciertos y brinda mayores garantías para la protección de los menores.
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