Arcadi España celebra en Segovia una subida del salario mínimo del 5,3 % y pide a los ciudadanos de Castilla y León que comprueben si la Junta destina sus fondos a sanidad, educación y servicios sociales.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, afirmó este martes en un acto de campaña en Segovia que los socialistas «no insultamos a nadie, sino que confrontamos modelos». Según dijo, el PP y Vox, «que son una fusión ya», apuestan por «embarrar» y por «la mala educación» porque «no quieren hablar de las cosas importantes de los ciudadanos», entre ellas las pensiones.
Como contexto, el también secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, llamó «tontísimo» el mes pasado al economista José Carlos Díez, a quien en agosto había calificado de «rata».
En su intervención, España celebró la aprobación de una subida del salario mínimo del 5,3 %. Aseguró que desde 2018 ese salario ha aumentado un 75 %, con más de 500 euros adicionales para cada perceptor, y que en Castilla y León se beneficiarán directamente el año que viene cerca de 136.000 personas. Destacó que la subida es «íntegra», porque ningún perceptor del salario mínimo tendrá que pagar IRPF, y añadió que el Gobierno tiene la intención de seguir mejorando si recupera la confianza de los ciudadanos.
El ministro mencionó también que 13.000 empleados públicos verán su nómina incrementada un 4,5 % desde el 1 de enero. Según explicó, la medida mejora el sueldo de policías, guardias civiles, maestros, médicos y del resto del personal de cualquier administración.
España se refirió además a la aprobación de las entregas a cuenta. Afirmó que desde 2018 la aportación del Gobierno a la Junta de Castilla y León ha crecido más de un 70 % y que el año que viene superará los 10.000 millones de euros, los mayores recursos de la historia, según dijo. Pidió a los ciudadanos de la comunidad que «exijan cuentas» a su Gobierno autonómico y comprueben si ese esfuerzo se refleja en la sanidad, la educación y los servicios sociales, que dependen de la Junta.
Según el ministro, la Junta puede elegir entre destinar esos fondos a mejorar los servicios públicos o a bajar los impuestos a las rentas más altas y privatizar. España presentó esas medidas como parte de la «buena política frente a la mala educación».
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