La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, chocan sobre quién levantará el millón de viviendas que prometen ambos: ella defiende regularizar migrantes y él, formar a los parados.
Las claves
- Isabel Rodríguez propone regularizar masivamente a migrantes como medida urgente para el sector de la construcción.
- El sector de la construcción precisa de 700.000 trabajadores inmediatos, según la ministra.
- Juan Bravo afirma que España tiene tres millones de personas desempleadas.
- Rodríguez acusa al PP de no crear ni una sola plaza de Formación Profesional en los territorios donde gobierna.
- Bravo exige agilizar la burocracia con silencio positivo y un máximo de 90 días para los trámites.
El debate cara a cara entre Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y candidata del PSOE en Ciudad Real, y Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP y candidato en Sevilla, se convirtió en una encarnizada discusión acerca de quién ejecutará el millón de viviendas prometidas por ambos partidos. El choque se centró en la mano de obra y en la colaboración público-privada.
Rodríguez defendió la regularización masiva de migrantes como medida urgente. Argumentó que el sector de la construcción necesita de inmediato 700.000 trabajadores y que así lo ha reclamado directamente la patronal.
Bravo criticó que el Gobierno confíe en el talento extranjero como única vía y se apoyó en el paro: «Tienen tres millones de personas desempleadas. ¿Acaso realmente no van a capacitar a esas personas para que puedan acceder a un empleo?» Añadió que cualquier trabajador del sector dispondrá de oportunidades durante, al menos, quince años y criticó al Gobierno porque su única respuesta a la escasez de talento es recurrir a la inmigración.
La ministra replicó que el PP no ha creado «ni una sola plaza de Formación Profesional» en los territorios donde gobierna para cubrir esa carencia.
Durante la sección dedicada a la colaboración público-privada, Bravo acusó a Rodríguez de anunciar 184.000 viviendas protegidas inexistentes y de financiarse con los ingresos de las comunidades autónomas, diciendo: «Ustedes lo que hacen es ponerse en las fotos cuando una comunidad hace el trabajo». También pidió al Gobierno que agilice los trámites con el silencio positivo y un plazo máximo de 90 días para resolverlos.
Rodríguez contraatacó recordando que la oposición boicoteó la reciente Ley del Suelo. Aseguró que la patronal llamó a Alberto Núñez Feijóo para pedirle su apoyo a la norma, sin éxito. Según la ministra, la alternativa del PP es «la liberalización absoluta del suelo, lo que ya hizo el señor Aznar llevándonos a un mundo inmobiliario al servicio de la especulación».
Para cerrar, Rodríguez defendió un modelo intervencionista: exigió que «el suelo público se garantice 100 % para vivienda pública» y descartó venderlo a promotores privados.
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