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Portada de Capitol sobre la financiación autonómica de 2027

Las comunidades cobrarán más en 2027 sin presupuestos ni Cortes

El Real Decreto-ley 38/2026, publicado hoy en el BOE, actualiza las entregas a cuenta que el Estado adelanta a las comunidades en 2027 sin cambiar el sistema de financiación. Con las Cortes disueltas y sin presupuestos, quien lo convalida es la Diputación Permanente del Congreso.

·18 de noviembre de 2026·5 min de lectura

El Real Decreto-ley 38/2026, publicado hoy en el BOE, actualiza las entregas a cuenta que el Estado adelanta a las comunidades en 2027 sin cambiar el sistema de financiación. Con las Cortes disueltas y sin presupuestos, quien lo convalida es la Diputación Permanente del Congreso.

  • Qué hace. Recalcula los anticipos de 2027 con las previsiones del techo de gasto de julio, con 160.794 millones de IRPF y 111.429 millones de IVA como base.
  • Qué no hace. No toca la Ley 22/2009 ni reparte un modelo nuevo, y el BOE no recoge los 185.593 millones que cita el Gobierno.
  • Quién decide ahora. El Congreso, por la Diputación Permanente, debe convalidarlo o derogarlo en los treinta días siguientes a su promulgación.

Imagina que diriges la consejería de Hacienda de una comunidad y te toca cerrar el presupuesto de 2027. No sabes si habrá ley de presupuestos del Estado, porque las Cortes están disueltas hasta el 29-N, y sin ella los anticipos mensuales que recibes se calculan con las cifras de 2023. Eso es lo que este decreto-ley intenta evitar.

Qué cambia y qué se queda igual

El Real Decreto-ley 38/2026, de 17 de noviembre, dice que sin actualizar las entregas a cuenta no se trasladaría a las comunidades «el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones» entre 2027 y 2023. Una entrega a cuenta es el anticipo mensual con el que el Estado paga a cada comunidad una parte de lo que prevé recaudar. Meses después se liquida la diferencia con lo realmente ingresado.

Su artículo 1 fija desde el 1 de enero de 2027 y hasta que haya presupuestos que el cálculo parta de las previsiones con las que el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto el 7 y el 21 de julio. Para el IRPF son 160.794 millones y para el IVA 111.429 millones, antes de la cesión a las administraciones territoriales. El resto de parámetros se aplica con los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, que sigue siendo la norma de fondo.

Por eso conviene separar dos cosas. El decreto no crea un sistema de financiación nuevo, y así lo dice su exposición de motivos, que afirma que «no altera el régimen financiero actual». Cambia solo el punto de partida de los cálculos de un año concreto. La reforma del sistema, que sigue pendiente, queda donde estaba.

Los 185.593 millones para las comunidades en 2027, un 9,1 % más que en 2026, los dio el Ministerio de Hacienda tras el Consejo de Ministros, como recogimos en nuestra noticia del martes. Esa cantidad suma 170.529 millones de entregas a cuenta, un 8,1 % más, y la previsión de liquidación de 2025, según Hacienda. El texto del BOE no contiene ninguno de esos totales, que son un cálculo del Ministerio con las normas de la Ley 22/2009.

Lo que sí detalla el decreto son los suplementos de crédito, el dinero extra que hace falta consignar en el presupuesto prorrogado para pagar los anticipos actualizados. Aparecen solo en el Fondo de Suficiencia Global de trece territorios y suman 1.988 millones de euros, con Cataluña (408 millones), Galicia (288) y Cantabria (244) en cabeza.

Gráfico de barras con el crédito extra al Fondo de Suficiencia Global por territorio según el decreto-ley
Suplementos de crédito del artículo 1.3 del Real Decreto-ley 38/2026 (BOE, 18 de noviembre de 2026).
Ver los datos del gráfico
Crédito extra al Fondo de Suficiencia Global por territorio. Suplementos de crédito del artículo 1.3 del decreto-ley, en millones de euros. Fuente: Real Decreto-ley 38/2026, artículo 1.3 (BOE-A-2026-24120, 18/11/2026), cifras en miles de euros redondeadas a millones
Cifra
Cataluña 407,7
Galicia 287,5
Cantabria 244,0
Extremadura 218,6
Andalucía 210,3
Castilla y León 204,9
Aragón 132,1
La Rioja 105,3
Asturias 88,2
Castilla-La Mancha 28,9
Canarias 28,1
Ceuta 17,8
Melilla 14,3

Estas partidas no equivalen a la financiación total de cada territorio, sino al crédito adicional que el decreto consigna en esa aplicación presupuestaria. El texto tampoco explica por qué otras comunidades no aparecen en la lista. Lo único comprobable es que el crédito adicional se concentra en esos trece.

¿Puede un decreto-ley hacer esto con las Cortes disueltas?

La Constitución responde en su artículo 86.1. El Gobierno puede dictar decretos-leyes en caso de «extraordinaria y urgente necesidad», pero no sobre el régimen de las comunidades autónomas. El propio decreto dedica varios apartados a argumentar que no lo vulnera, porque solo concreta importes que ya corresponden por la Ley 22/2009, y cita la urgencia de que las comunidades no sufran tensiones de tesorería en farmacia o dependencia.

Esa valoración la hace el Gobierno y la revisaría, si alguien lo recurre, el Tribunal Constitucional, que exige una conexión necesaria entre la urgencia y la medida, según cita el propio decreto. Este texto no entra en si la hay. Explica el procedimiento.

Según el artículo 86.2, el Congreso debe pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación en los treinta días siguientes a la promulgación. Con la Cámara disuelta, el artículo 78.2 atribuye esa función a la Diputación Permanente. Como contamos en el análisis de los nueve decretos sin Cortes, ese órgano tiene hoy 34 diputados por cada bloque, y el voto del PNV puede inclinar la balanza.

La misma norma agrupa otras tres medidas, por lo que su votación será conjunta. La primera es fiscal. Eleva la deducción por rendimientos del trabajo a 1.033,58 euros anuales para ingresos de hasta 18.004 euros, el salario mínimo de 2027, y la reduce de forma progresiva hasta cero en los 23.171,89 euros, de modo que quien cobre el mínimo no tribute por IRPF ni sufra retención.

La segunda amplía el Plan Ceuta Exporta de ICEX hasta el 31 de diciembre de 2027. La tercera concede 3 millones a Canarias para sanidad y el puerto de La Restinga y 2 millones al Cabildo de El Hierro por la crisis migratoria del otoño. Las medidas del capítulo I, las de las comunidades, entran en vigor el 1 de enero de 2027, y el resto, al día siguiente de su publicación.

Qué ocurre después del 29-N

Si la Diputación Permanente lo convalida, el decreto rige hasta que unos presupuestos de 2027 lo sustituyan. Si lo deroga, deja de aplicarse desde ese momento y las entregas volverían a calcularse con los datos anteriores, salvo que se apruebe otra norma o unos presupuestos. Cuántos escaños sumará cada bloque lo mide la media de encuestas de Capitol, que se actualiza cada día.

¿Qué bloques sumarían los votos para sacar adelante unos presupuestos de 2027? Puedes probar distintas mayorías en el simulador de pactos. Y si quieres ver cómo se traduce un caso concreto, lo contamos con las cifras de Asturias.

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