Interior los contrató por siete millones de euros, pero el informe favorable de la Policía solo avala la verificación de códigos QR. El Supremo ha dado al Gobierno dos días para acreditar su seguridad.
El Gobierno de España tiene previsto instalar en las mesas electorales del 29 de noviembre 61.603 teléfonos inteligentes Android con 128 GB de almacenamiento, conexión a Internet, geolocalización y control remoto. Así consta en el expediente que la Junta Electoral Central (JEC) ha remitido al Tribunal Supremo, al que tuvo acceso El Debate. Según el expediente, los equipos fueron contratados de forma urgente a Telefónica Defensa y Seguridad por 7.000.455 euros, IVA incluido.
El contrato ECG/21/2026, declarado de emergencia el 13 de octubre y firmado el 21 de octubre, fue suscrito por la directora general de Política Interior, Carmen López García. El pliego describe los terminales como equipos de tipo smartphone con sistema Android, pensados para un uso profesional intensivo, con procesadores de ocho núcleos, cámaras de 50 megapíxeles, 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de al menos 128 GB. El documento no especifica la marca ni el modelo de los aparatos.
El punto más llamativo es que el mismo pliego establece que la verificación de los códigos QR se hará íntegramente en el propio terminal, sin necesidad de conexión a redes externas. Sin embargo, Interior exige líneas de voz y datos móviles y una plataforma de administración centralizada que permite ver y controlar en tiempo real la pantalla del dispositivo, instalar aplicaciones a distancia y usar la geolocalización de los terminales. Según el propio expediente, estas funciones sirven para dar soporte técnico, pero también implican riesgos como el acceso remoto a la información visible o la posible transmisión de datos.
El informe de la Dirección General de la Policía, fechado el 26 de octubre y firmado por el comisario Juan Carlos González Carvajal, es favorable, aunque su alcance está limitado. Según el documento, la valoración se ciñe únicamente a esa función de verificación. Por tanto, no supone una certificación completa de seguridad de los equipos, de su almacenamiento, de sus comunicaciones ni de su administración remota.
El 28 de octubre, Carmen López García remitió a la JEC el contrato, el informe policial y un teléfono de muestra que, según sus palabras, reflejaba las condiciones en las que lo recibirán las mesas electorales, sin indicar su marca ni su modelo. Según consta en el expediente, no existe acta con los resultados de las pruebas que la Junta realizara sobre ese aparato. El 5 de noviembre, la JEC levantó la suspensión de MiDNI tras la confirmación de Interior de que las mesas dispondrían de dispositivos capaces de verificar el QR con todas las garantías necesarias.
El Tribunal Supremo dio al Gobierno dos días para certificar si se han realizado los controles de seguridad posteriores a la contratación que exige el artículo 22 del Real Decreto 311/2022 y, en su caso, aportar la documentación técnica que lo acredite. Según el calendario del expediente, el Ejecutivo debe presentar esa documentación este jueves, 19 de noviembre, a once días de las elecciones generales.
Referencias: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña).


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