El contrato de siete millones de euros exige pantalla visible y control a distancia de cada dispositivo, mientras la Policía solo avala la verificación de códigos QR. El Tribunal Supremo pide a Interior que acredite los controles de seguridad.
El Gobierno ha contratado de emergencia 61.603 teléfonos móviles por siete millones de euros para identificar a los votantes en las mesas electorales de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre a partir del contrato remitido al Tribunal Supremo. Según el mismo medio, el Ejecutivo publicó las disposiciones para su despliegue en el BOE en plena fase de identificación de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, cuando todavía quedaban 69 víctimas sin identificar.
Según el pliego de condiciones, los dispositivos deben tener 128 GB de almacenamiento, conexión a internet, geolocalización y control remoto. El documento exige la «visualización y control remoto de la pantalla del dispositivo en tiempo real», además de poder instalar y modificar aplicaciones a distancia y ejecutar comandos. El contrato no identifica la marca ni el modelo de los equipos, que solo se describen como Android.
La Policía Nacional emitió un informe favorable, pero limitado a la verificación de los códigos QR. Según su texto, «la valoración favorable queda circunscrita a esa función de verificación», por lo que no certifica la seguridad del almacenamiento, las conexiones ni el control remoto de los teléfonos. Según el propio contrato, el código QR se verifica sin necesidad de conexión a internet, algo que El Debate señala como contradictorio con las exigencias de conectividad.
El Tribunal Supremo ha exigido a Interior que acredite los controles de seguridad realizados después de contratar los dispositivos. Los interrogantes sobre quién puede manejar los teléfonos a distancia, qué datos registran y si la actividad de cada equipo puede conocerse desde una plataforma central siguen sin respuesta pública en los textos conocidos. El diario no afirma que estas funciones se estén usando, sino que pide saber quién garantiza que no puedan hacerse sin autorización.
El caso se suma a la polémica por el uso del carné de conducir digital para identificar a los votantes en nueve jornadas electorales desde mayo de 2023, sin verificación electrónica de su autenticidad. El Gobierno no ha respondido en los textos conocidos a las preguntas sobre el control remoto de los dispositivos.


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