El auto del juez Rábago ve indicios de que Guijarro participó en un sistema que aparentaba competencia entre dos empresas vinculadas en contratos de los Bomberos de Móstoles, aunque no consta perjuicio económico. Otros doce investigados quedan fuera de la causa.
El juez Luis Rábago, titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, resolvió el jueves 12 de noviembre convertir la causa en procedimiento abreviado contra Javier Guijarro, director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid desde enero de 2026, y contra otros cuatro investigados por presunto fraude en la contratación pública. Con ello, la causa queda a un paso de la apertura de juicio oral, que aún debe decidirse.
Compañeros de proceso de Guijarro son Rafael Gutiérrez Guisado, Alfredo Benito López, Wenceslao García Collado y Jorge Oliver Gamo Lucas, este último con nexos societarios con Gamosport 1977 SL y Maxport SA. En el mismo auto, el juez decreta el sobreseimiento provisional respecto de otros doce investigados, entre ellos varios responsables municipales, por no apreciar indicios suficientes de su participación.
Los hechos se remontan a la etapa en que Guijarro era oficial jefe del Cuerpo de Bomberos de Móstoles, puesto que ocupaba desde 1997. Entre 2015 y 2019, el Ayuntamiento adjudicó contratos menores a Maxport y Gamosport, dos sociedades vinculadas que, según el instructor, se presentaban como competidoras independientes.
El magistrado advierte indicios de que Guijarro solicitó de forma reiterada a ambas empresas la presentación de sus ofertas, pese a conocer su relación, aceptó después sus presupuestos y elaboró informes técnicos favorables. Así se habría simulado la concurrencia exigida para adjudicar determinados contratos menores, que obligaba a recabar tres presupuestos. El auto señala la existencia de cinco expedientes gestionados entre 2015 y 2017 y afirma que Guijarro habría actuado en consonancia con Gamo Lucas. Según el instructor, las dos sociedades presentaban ofertas elaboradas bajo una misma dirección, de modo que la de mayor importe no pretendía competir realmente. El juez estima que el esquema podría constituir un caso de fraude en la contratación pública, aunque aún no se ha demostrado que haya generado un perjuicio económico al Ayuntamiento.
Uno de los puntos centrales es si Guijarro sabía de la relación entre las empresas. En su declaración explicó que entre sus funciones estaban buscar proveedores, enviar invitaciones, recibir presupuestos y redactar informes técnicos, y que resultaba muy difícil hallar empresas dispuestas a suministrar material a los Bomberos. Admitió que sospechaba una relación familiar entre Maxport y Gamosport, pero declaró que desconocía que compartían administrador hasta 2017. Añadió que ambas llevaban muchos años trabajando con el servicio y que su secretaria se ocupaba materialmente de enviar las invitaciones y recibir las ofertas.
El juez considera difícilmente explicable que desconociera esa relación tras tantos años de trato comercial. Para ello se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual señala varios elementos comunes entre ambas empresas. Ahora el Tribunal de Instancia de Móstoles deberá resolver sobre la apertura de juicio oral contra los cinco investigados que permanecen en la causa.
Más sobre este tema


Comentarios