La ciudad sostiene que el coste corresponde al Ministerio de Sanidad a través de INGESA, y que instar las pruebas es competencia de la Fiscalía. Recurre 14 facturas de octubre.
El Consejo de Gobierno de Ceuta, siguiendo la iniciativa del consejero de Presidencia y Gobernación Alberto Gaitán, ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra las liquidaciones de octubre del Hospital Universitario de Ceuta relativas a las pruebas de determinación de edad realizadas a menores extranjeros no acompañados. La ciudad autónoma sostiene que el coste debe asumirlo el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
El nuevo expediente afecta a 14 facturas por un importe conjunto de 4.939,58 euros, correspondientes a menores cuya minoría de edad no era posible determinar a simple vista. El listado del hospital las identifica como «pendientes de cobro», de modo que no se trata de recuperar un pago ya hecho, sino de impugnar cantidades que reclama el Estado.
Según fuentes del Gobierno ceutí, INGESA viene facturando estas pruebas, y la ciudad considera que no le corresponde costearlas porque la ley obliga a hacerlo a quien tiene la custodia del migrante. Mientras no se determina que es menor, añaden, la responsabilidad es del Estado. Esas mismas fuentes aseguran que Ceuta ya recurría este asunto antes de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
La propuesta aprobada sostiene que la competencia para instar las pruebas médicas y fijar la edad es del Ministerio Fiscal, y no de las entidades públicas de Ceuta. Añade que solo después de que la Fiscalía declare la minoría de edad por decreto se pide poner al menor a disposición de los servicios de protección. Según el texto, la Gerencia de Atención Primaria considera que las entidades sanitarias deben colaborar, aunque no están obligadas a asumir el pago, ya que el gasto corresponde a la autoridad que ejerza la tutela o guarda del menor.
Los recursos se presentarán ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ceuta. Las fuentes del Ejecutivo local advierten de que, «en su caso», llegarán hasta la última instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El conflicto llega mientras el Gobierno ceutí cifra en 3.767 los menores filiados y puestos a disposición de su servicio de protección, repartidos en 23 recursos de acogida. Según un informe interno del servicio de emergencias 112, conocido el miércoles 18, las emergencias pasaron de 2.233 a 11.286 al comparar el periodo del 30 de julio al 29 de octubre de 2025 con las mismas fechas de 2026, y los registros por agresión sexual subieron de cuatro a 30. El Gobierno de Ceuta utiliza esos datos para evidenciar un «grave deterioro» de la seguridad tras la masiva llegada de julio y solicita una respuesta estatal más amplia.
Sigue la cobertura: Ceuta aloja a 5.000 adultos migrantes y atiende a 3.767 menores, dice el Gobierno
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