Alberto Núñez Feijóo ha abierto la puerta a derogar la ley de eutanasia si gobierna. La Ley Orgánica 3/2021 solo puede derogarse con otra ley orgánica, que exige mayoría absoluta del Congreso, 176 de 350 diputados (artículo 81.2 de la Constitución). La media de encuestas de Capitol del 19 de noviembre da a PP y Vox 196 escaños.
- Derogar o modificar la parte orgánica de la ley exige mayoría absoluta del Congreso, 176 votos a favor, en una votación final sobre el conjunto (artículo 81.2 de la Constitución).
- Los artículos sobre las comisiones de control, la objeción de conciencia y el informe anual son de rango ordinario, según la propia ley, y se cambian con una mayoría simple.
- La ley introdujo además dos apartados en el artículo 143 del Código Penal. Una derogación tendría que decidir qué pasa con ellos.
Imagina que una persona con una enfermedad incurable pide ayuda para morir dentro de dos años. Lo que pueda hacer o no su médico depende de una ley de 2021 y de un artículo del Código Penal. Cambiar esa ley no es como retocar un decreto, y por eso conviene saber qué se necesita antes de hablar de derogarla.
El presidente del PP respondió en un podcast a si quiere modificar la norma. Sus palabras, tal como recoge Capitol, fueron «¿Queremos modificar la ley de eutanasia? Sí. ¿Esa modificación puede ser una derogación total o parcial? Por supuesto». Añadió que hay que garantizar un sistema de cuidados paliativos y asesorar a quien toma la decisión.
No es una propuesta articulada, sino una puerta abierta, y por eso este texto explica el mecanismo sin dar por hecho cuál sería el contenido. Vox, según su programa de 2023, propone derogar la ley. En el comparador de programas de Capitol puedes ver la posición de cada partido con su fuente.
Qué regula hoy la ley
La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, se publicó en el BOE el 25 de marzo de 2021 y entró en vigor el 25 de junio, tres meses después. Reconoce el derecho a pedir y recibir la ayuda para morir a quien cumple todos los requisitos del artículo 5.
Entre ellos, ser mayor de edad y capaz, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificado por el médico responsable, y haber presentado dos solicitudes voluntarias por escrito con al menos quince días naturales entre ambas. Antes, la persona debe recibir por escrito la información sobre su proceso, las alternativas y el acceso a cuidados paliativos integrales.
El proceso no depende de un solo profesional. El médico responsable inicia un proceso deliberativo en dos días desde la primera solicitud (artículo 8). Interviene un médico consultor ajeno a su equipo y, antes de realizar la prestación, la Comisión de Garantía y Evaluación designa a un médico y un jurista que verifican el caso en un máximo de siete días naturales (artículo 10). Cada comunidad, y Ceuta y Melilla, tienen una comisión de al menos siete miembros (artículo 17). El paciente puede revocar su solicitud en cualquier momento (artículo 6.3).
La ley incluye la prestación en la cartera común del Sistema Nacional de Salud con financiación pública (artículo 13) y reconoce la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, con un registro en cada administración (artículo 16).
Qué hace falta para derogarla
La Constitución establece en su artículo 81 que las leyes que desarrollan derechos fundamentales son orgánicas. Y que su «aprobación, modificación o derogación» exige «mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto». En un Congreso de 350 diputados, la mayoría absoluta es 176.
Con las encuestas en la mano, el cálculo no se resuelve solo. La media de encuestas de Capitol del 19 de noviembre, con 66 sondeos, proyecta 130 escaños para el PP y 66 para Vox, 196 entre ambos. Es una media de sondeos y no un pronóstico, y solo uno de los dos partidos ha dicho públicamente que derogaría la ley sin matices. Que dos partidos sumen una mayoría no significa que ambos votarían lo mismo.
La disposición final tercera de la ley matiza el panorama. Dice que tienen carácter orgánico todos sus artículos salvo los números 12, 16.1, 17 y 18, las disposiciones adicionales y la transitoria. Son los que regulan la comunicación a las comisiones, la objeción de conciencia, la creación de las comisiones y sus funciones. Esa parte puede reformarse con una ley ordinaria, que se aprueba con más votos a favor que en contra.
Esa diferencia importa para lo que Feijóo describió como una modificación «parcial». Cambiar el control de las comisiones o el registro de objetores no requiere 176 votos. Tocar los requisitos del artículo 5 o el derecho en sí, sí.
Qué pasaría con el Código Penal
La disposición final primera modificó el artículo 143 del Código Penal. Su apartado 4 castiga con una pena inferior en uno o dos grados a quien causa o coopera activamente a la muerte de una persona que sufre un padecimiento grave o una enfermedad incurable, a petición expresa, seria e inequívoca. Su apartado 5 dice que no incurre en responsabilidad penal quien actúa «cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia».
Esa exención remite a la propia ley. Una derogación que no dijera nada sobre el apartado 5 dejaría una referencia a una norma que ya no existe, y el legislador tendría que decidir si lo deroga, lo reforma o lo mantiene. La ley no resuelve ese caso, y cualquier proyecto debería hacerlo de forma expresa.
No hay un texto del PP con artículos concretos, ni un calendario. Tampoco sabemos si una reforma partiría de una ley nueva o de cambios a la actual, ni qué plazo se daría a las comunidades. Con la campaña en marcha, lo comprobable es el procedimiento. Las Cortes que salgan del 29 de noviembre decidirán, con sus mayorías y alianzas.
¿Crees que una reforma de esta ley debería requerir el mismo acuerdo que la aprobó? Compara lo que propone cada partido en el comparador de programas y mira cómo se mueve la media en el agregador de encuestas de Capitol.
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