La instrucción veta también pancartas, propaganda y visitas proselitistas en horario lectivo. Los sindicatos anuncian acciones legales en plena huelga educativa, iniciada el 14 de octubre.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha hecho pública una instrucción sobre la obligación de neutralidad de los centros educativos. De acuerdo con el documento, los trabajadores del centro no podrán inculcar a los estudiantes sus convicciones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales para que las hagan suyas, ni orientar su criterio moral o político. La disposición se dio a conocer 19 de noviembre, en medio de la huelga educativa de primaria y secundaria que arrancó el 14 de octubre.
El texto impide colgar en fachadas, vallas, canales oficiales o zonas comunes símbolos que presenten al centro como alineado institucionalmente con partidos, colectivos o posturas parciales. Asimismo, no autoriza emplear las instalaciones o el material escolar para desplegar pancartas, carteles o distribuir publicidad, con la excepción de los espacios sindicales habilitados. Y prohíbe, en horario de clase, traer al aula o al recinto a personas que no formen parte de la plantilla para hacer discursos de carácter proselitista o para animar al alumnado a implicarse en un conflicto de índole política, ideológica o gremial.
Desde el inicio de la huelga, el Ejecutivo madrileño ha tachado las movilizaciones de «políticas» y «revolucionarias».
El Comité de Huelga rechaza la norma y adelanta que emprenderá acciones judiciales. Sostiene que limita de manera seria la libertad de expresión y que contiene disposiciones propias de una ley o de un decreto, cuando una instrucción solo debería clarificar reglas ya en vigor. Además, acudirá a los tribunales contra los nuevos servicios mínimos fijados por la Comunidad, que elevan el número de docentes obligados a trabajar y reactivan varios cursos. A su juicio, un cambio de esta naturaleza, introducido cuando el paro ya está en marcha, carece de legalidad y evidencia el efecto que tienen las huelgas.
De conformidad con la instrucción, los equipos directivos tendrán que comunicar a la inspección cualquier conducta que pueda vulnerar la norma, a través de un impreso que detalla las circunstancias del hecho, aunque sin incluir el nombre de los docentes implicados. Algunos responsables de centros han alertado de que esto añadirá trabajo a unos equipos ya saturados. La Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD) censuró estas medidas la semana pasada. En su comunicado sostiene que revelan un inquietante desconocimiento de lo que ocurre día a día en las aulas y rechaza de forma tajante que exista un supuesto adoctrinamiento. La entidad añade que no está dispuesta a aceptar que se encargue a los directores vigilar o restringir el legítimo ejercicio de la libertad de expresión por parte de alumnos, profesores o representantes sindicales.
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