El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmado este jueves el decreto que regula la reducción de la jornada laboral, que entrará en vigor el 16 de diciembre, con una transición sin recorte salarial y que beneficiará, según el Gobierno, a 36,5 millones de trabajadores.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el decreto que fija las normas para reducir la jornada laboral de seis a cinco días semanales, con entrada en vigor prevista el 16 de diciembre. La norma desarrolla la ley aprobada por el Congreso en octubre y contempla una transición gradual sin recorte salarial: el límite semanal bajará primero de 44 a 42 horas, con dos días de descanso remunerado, y llegará a 40 horas en diciembre de 2027.
Lula, que hizo de la reforma laboral una de las principales banderas de su campaña por la reelección, aseguró que el objetivo es «humanizar» el mundo del trabajo. «Una persona descansada produce mucho más que una persona cansada, ya sea en áreas intelectuales o en servicios pesados», afirmó el mandatario.
El mandatario prevé que la reforma encuentre resistencia en el sector empresarial, al que acusó de no haber trasladado a los trabajadores los beneficios de la digitalización. Lula también advirtió de que intentará llevar la reforma a los tribunales y retrasar su entrada en vigor.
El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, señaló que se celebraron más de un centenar de reuniones con diversos sectores de la economía para debatir el diseño del decreto. Según explicó Marinho, el ministerio que encabeza dictará normas específicas para sectores con jornadas especiales o no convencionales, como hospitales y servicios de vigilancia, mediante acuerdos y negociaciones colectivas. Las mismas normas se aplicarán a ramas que exigen operación ininterrumpida, como refinerías, ensambladoras de automóviles y siderúrgicas.
El caso se había llevado a la Corte Suprema brasileña por representantes de empresarios y de la industria, pero las reglas de transición se mantuvieron tras una decisión del magistrado Flávio Dino, instructor de la causa, dictada la semana pasada.
La Confederación Nacional del Comercio (CNC) alega que la proximidad de la fecha de entrada en vigor provocará un mayor impacto en el sector, al no haber tiempo suficiente para adaptarse durante las fiestas de fin de año, cuando aumenta la actividad comercial. Por otro lado, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) calcula que el cambio tendrá un impacto de 11.000 millones de reales, algo menos de 2.000 millones de dólares, y pide que las nuevas reglas no se apliquen a los convenios firmados con anterioridad.
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