El borrador de orden refuerza las sanciones y dobla los periodos de exclusión, algo que CSIF y STAS-Intersindical califican de serio retroceso. El documento continúa en audiencia pública y los sindicatos piden retomar el diálogo.
Desde la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, cuyo titular es José Antonio Rovira, se ha planteado en un proyecto de orden que los interinos que dejen su puesto tras completar el límite máximo de permanencia queden impedidos para pedir la reactivación en la bolsa de empleo de su mismo cuerpo, escala o agrupación de puestos de trabajo (APT) durante seis meses contados desde esa salida. La iniciativa, orientada a regular la reactivación de las bolsas cuando el cese obedece a motivos ajenos al empleado, todavía se halla en fase de audiencia ciudadana y no tiene carácter definitivo.
El supuesto alcanza a quienes han llegado al tope de tres años que la Ley Iceta establece para que un interino ocupe una misma plaza. De acuerdo con el texto, el veto no abarca las listas de otros ámbitos en las que la persona figure inscrita. Por otro lado, la reactivación no sería automática: transcurrido ese medio año, el interesado tendría que presentar la solicitud y aguardar a que la Dirección General la gestione y la apruebe.
El borrador agrava asimismo el sistema de sanciones. Según lo publicado, la orden de 2018 contempla exclusiones de tres meses por una primera falta, de seis por la segunda y de doce desde la tercera; la nueva propuesta duplica estos intervalos. También exige que el personal forme parte de una sola bolsa por cuerpo, una medida que STAS-Intersindical Valenciana rechaza por suprimir listas que considera necesarias y por limitar el acceso logrado por los trabajadores mediante oposiciones y otros procesos selectivos.
CSIF manifiesta su preocupación por el malestar que provoca el articulado y sostiene que «una persona que ha servido con diligencia a la Administración durante el plazo máximo que la ley permite» se ve apartada medio año de cualquier nombramiento en el cuerpo donde ha acreditado su capacidad. El sindicato solicita que estos profesionales puedan pedir la reactivación bajo las mismas condiciones que cualquier otro cese ajeno a su voluntad, y reclama a Función Pública que reanude la negociación, detenida desde junio, para subsanar aspectos del proyecto que considera incoherentes.
STAS-Intersindical Valenciana afirma que la propuesta representa «un grave retroceso en los derechos del personal temporal» y juzga «inadmisible» castigar a los empleados por una temporalidad de la que responde la propia Administración. La organización alerta de que estas medidas podrían acentuar la inestabilidad laboral, complicar la cobertura de vacantes y afectar al funcionamiento de los servicios públicos. Reclama a la Generalitat que rectifique y acuerde una orden «justa y respetuosa» con los derechos del personal temporal, y ha convocado una concentración para el 17 de diciembre en la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València.
Más sobre este tema


Comentarios