El PP promete derogar la ley de Memoria Democrática de 2022 y sustituirla por otra consensuada de cara al 29 de noviembre.
La memoria democrática vuelve a ser uno de los asuntos que separan a los dos bloques políticos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El punto de fricción principal es la Ley de Memoria Democrática de 2022, aprobada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que amplió la norma impulsada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según su programa, el PP apenas alude a la memoria democrática en dos ocasiones, y en ambas anuncia que derogará la norma de 2022. Según el programa del PP, la derogación busca «recuperar la voluntad de pacto y acuerdo en la vida pública, especialmente con el principal partido de la oposición» y «remover los obstáculos que impiden recuperar la concordia». En su segunda mención, el PP anuncia que impulsará una norma que sea «consensuada» y que «refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición».
El PSOE considera la memoria democrática «una cuestión de Estado» y defiende la norma aprobada en 2022, destacando la reparación de miles de familias y el impulso a las exhumaciones. Los socialistas mantienen cinco compromisos en su programa, entre ellos completar el Plan de Exhumaciones y ampliar las medidas de reconocimiento y reparación. El PSOE también fija como prioridad culminar la resignificación del Valle de Cuelgamuros, uno de los principales proyectos que ha quedado incompleto en esta legislatura.
Vox propone la «superación» de leyes que, según la formación, enfrentan a los españoles, entre ellas la de Memoria Democrática, a la que acusa de imponer «una verdad oficial». Fuera de esa medida, Vox solo habla de memoria para vincularla a las víctimas del terrorismo de ETA, con una ley que impida el enaltecimiento del terrorismo.
El Frente Amplio, liderado por Ada Colau, es la formación que reserva más espacio a la memoria democrática, con hasta 11 medidas. Entre ellas figura desarrollar reglamentariamente la Ley de Memoria Democrática para reconocer el derecho a la reparación de todas las víctimas de la dictadura franquista. La formación propone además cerrar las fundaciones franquistas, entre ellas la Fundación Francisco Franco, y resignificar el valle de Cuelgamuros con un proyecto histórico, científico, museográfico y educativo.
ERC plantea traspasar a la Generalitat la titularidad de la Prefectura Superior de la Policía Nacional de Vía Laietana, junto a su fondo de archivos, para convertirla en un centro memorialista. Los republicanos reclaman también aprobar una ley estatal de bebés robados y reconocer a las víctimas del Servicio Militar Obligatorio.
Junts incluye la memoria democrática entre sus reivindicaciones y reclama la cesión a la Generalitat de la antigua comisaría de Vía Laietana 43 (Barcelona). La formación pide además la devolución íntegra de los llamados «papeles de Salamanca» y una nueva ley de secretos oficiales que facilite el acceso a documentos históricos clasificados.
Según la media de encuestas de Capitol, que reúne 70 sondeos de los últimos 28 días, el PP obtendría hoy el 30,8 % de los votos en unas elecciones generales. Ver el agregador.
Documentación: Barcelona: escaños en juego y encuestas para el 29-N, Salamanca: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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