El paquete normativo incluye cuentas bancarias en el exterior para privados y permite mipymes en el sector agrícola frente a la crisis de suministros.
Cuba afronta un proceso de reestructuración interna tras anunciar el presidente Miguel Díaz-Canel la puesta en marcha de 176 reformas económicas y sociales orientadas a liberalizar actividades productivas y descentralizar la gestión estatal en plena crisis de suministros. El mandatario cubano trasladó a representantes del tejido empresarial no estatal que más del 76 % de este paquete regulatorio dispone ya de respaldo jurídico formal, en una estrategia enfocada a elevar con urgencia la producción nacional de bienes y alimentos para contener la dependencia exterior.
La reunión congregó a directivos y emprendedores de áreas estratégicas como la agricultura, la alimentación, la energía y el transporte, sectores golpeados por el desabastecimiento continuado y el déficit de divisas. Durante las conversaciones, Díaz-Canel defendió la introducción de tecnología e innovación en las cadenas de valor para recortar costes improductivos, fijando como requisito que tanto las entidades públicas como los negocios privados subordinen su operativa al Plan Nacional de Desarrollo y a las directrices territoriales fijadas por los municipios.
El empresariado privado expuso durante el encuentro las dificultades operativas cotidianas que frenan la actividad económica sobre el terreno. Los portavoces del sector no estatal denunciaron la persistencia de trabas burocráticas y resistencias en los niveles intermedios de la administración cubana, achacando estos bloqueos al desconocimiento de las leyes aprobadas o a prejuicios ideológicos consolidados en los cuadros directivos. Frente a estas quejas, el Ejecutivo defendió la continuidad del diálogo, pero advirtió contra la especulación, los márgenes abusivos y los beneficios indebidos, reclamando a los autónomos alinear su rentabilidad con la soberanía productiva del país.
Apertura financiera y fin del monopolio cooperativo en el campo
El paquete de medidas flexibiliza aspectos clave del marco regulatorio para los agentes privados. Entre las principales novedades normativas figura el permiso para que una misma persona física ostente la titularidad de más de una empresa mercantil, eliminando una de las restricciones societarias más severas impuestas desde la reapertura de los negocios por cuenta propia. Asimismo, el marco regulatorio autoriza la apertura de cuentas bancarias en el exterior con capacidad operativa de extracción de fondos y permite que las sociedades mercantiles desarrollen actividades complementarias sin desatender su objeto social principal.
La reforma modifica también las reglas de juego en la producción primaria al autorizar, por primera vez, la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dentro del sector agropecuario, un ámbito donde hasta la fecha la explotación de tierras y cosechas estaba reservada en exclusiva al modelo de cooperativas y empresas estatales. El cambio busca movilizar inversión directa en el cultivo y la distribución agroalimentaria, una de las áreas más castigadas por la escasez estructural de alimentos y fertilizantes en la isla caribeña.
Autonomía municipal y entrada de capital no estatal en las finanzas
En el plano institucional y de gobernanza económica, el plan gubernamental traslada a las administraciones locales y municipios una serie de facultades administrativas para agilizar autorizaciones comerciales. El rediseño normativo abarca el sector inmobiliario y el comercio exterior, al tiempo que concede márgenes de mayor autonomía a las empresas de titularidad pública e introduce por primera vez la opción de que el capital privado participe en la actividad financiera nacional, buscando captar liquidez circulante en el circuito formal.
La efectividad del plan queda condicionada a la implementación administrativa de las normas en el aparato burocrático y al equilibrio entre los controles de precios fijados por las autoridades y la rentabilidad operativa de los nuevos operadores privados. La urgencia del Gobierno cubano por elevar la producción local se produce en un escenario marcado por tensiones en el suministro energético, presiones inflacionarias y la necesidad de sustituir compras en mercados internacionales para sostener el consumo básico.
Además, las reformas contemplan una descentralización de la toma de decisiones que otorga a las empresas estatales una mayor autonomía operativa, permitiendo que las unidades productivas locales determinen sus propias estrategias de producción y comercialización dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. Este cambio busca reducir la dependencia de la coordinación central y acelerar la respuesta a las necesidades del mercado interno, alineando la gestión estatal con los objetivos de sostenibilidad y competitividad a nivel regional.
Fuente: El Debate
