Redacción Capitol·26 de agosto de 2026·2 min de lectura
El Gobierno reduce casi a la mitad la cifra inicial de 2.900 tras revisar expedientes repetidos por trámites sobre un mismo menor
El Ministerio del Interior ha rebajado de 2.900 a 1.500 la cifra de menores inmigrantes filiados en Ceuta tras depurar los registros informáticos, donde trámites sobre un mismo menor aparecían como expedientes distintos, según confirmaron fuentes del departamento a Europa Press. La nueva cifra incluye a los menores en desamparo ya tutelados por los servicios de protección de la ciudad autónoma antes de la entrada masiva de migrantes el 30 de julio.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había afirmado este lunes que el Ejecutivo tenía identificados a 2.900 menores, una cifra que ahora se ajusta tras revisar los sistemas. Fuentes de Interior precisaron que el número de 1.500 crecerá en los próximos días a medida que concluyan las identificaciones en curso, aunque no detallaron un plazo concreto.
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La depuración responde a un problema técnico en los registros: trámites administrativos sobre un mismo menor generaban expedientes duplicados. El Gobierno subrayó que la actuación prioriza el interés del menor para agilizar soluciones en una situación «crítica». El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunió con Cuerpo para coordinar la respuesta, aunque no trascendieron acuerdos específicos.
La corrección afecta a la gestión de recursos en Ceuta, donde la llegada masiva de migrantes el 30 de julio colapsó los servicios sociales. La cifra inicial de 2.900 había sido utilizada por partidos como Vox para criticar la falta de control del Gobierno, mientras el PSOE defendió la necesidad de datos fiables antes de tomar medidas. La nueva estimación podría redefinir las demandas de fondos adicionales para la ciudad autónoma.
El marco legal establece que las comunidades autónomas —en este caso, Ceuta— asumen la tutela de los menores en desamparo, pero el Gobierno central coordina la identificación y los recursos extraordinarios. La Ley de Extranjería obliga a garantizar la protección integral de estos menores, aunque no fija plazos para su regularización.
