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Exteriores rechaza entregar las objeciones de los consulados a la ‘ley de nietos’

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Exteriores rechaza entregar las objeciones de los consulados a la ‘ley de nietos’

La instrucción de 2022 presumió el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955, lo que amplió el acceso a la nacionalidad a muchas más personas de las previstas. Hazte Oír ha presentado una querella y la Audiencia Nacional estudia anularla.

·17 de noviembre de 2026·3 min de lectura

La instrucción de 2022 presumió el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955, lo que amplió el acceso a la nacionalidad a muchas más personas de las previstas. Hazte Oír ha presentado una querella y la Audiencia Nacional estudia anularla.

Exteriores, a cargo de José Manuel Albares, no entregará los documentos con las reservas y dudas que varios consulados expresaron sobre la instrucción firmada por Sofía Puente cuando dirigía la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esa orden modificó la octava disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como la ‘ley de nietos’. El Ministerio comunicó la decisión, en respuesta a la petición del abogado Guillermo Rocafort, que había solicitado copia de los escritos recibidos de las oficinas consulares y de las contestaciones remitidas a los cónsules.

Carolina de Manueles Álvarez, directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, denegó la petición amparándose en el artículo 18.1.b) de la Ley de Transparencia, norma que permite rechazar el acceso a las «comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas». Para el Ministerio, tanto las advertencias de los consulados como las órdenes que se les transmitieron encajan en ese supuesto y no pueden hacerse públicas.

La negativa llega después de que en julio se supiera que varios cónsules habían alertado de que la redacción de la instrucción alteraba lo aprobado por el Parlamento. Frente a esas dudas, la Dirección General de Asuntos Consulares elevó una consulta formal al Ministerio de Justicia para precisar el alcance del texto, pero Puente mantuvo su contenido y Exteriores ordenó aplicarlo. Fuentes diplomáticas citadas en aquel momento indicaron que los cónsules no tuvieron «más remedio» que acatarla, puesto que la normativa del Registro Civil lo exige.

Con la instrucción del 25 de octubre de 2022 se estableció una presunción de exilio para quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, ampliando así el acceso a la nacionalidad a un número de personas mucho mayor al contemplado en la ley. Ese criterio ha dado lugar a miles de expedientes y a recursos judiciales. Hazte Oír tiene en curso una querella por prevaricación administrativa, y la Audiencia Nacional estudia, a petición de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, anular la instrucción.

Rocafort sostiene que las comunicaciones no son simples trámites internos, sino documentos con datos relevantes sobre cómo se aplica una norma que, a su juicio, afecta de forma masiva al censo y al derecho de voto. «Hubo varios consulados que pusieron reparos al cumplimiento de la instrucción, especialmente los menos ideologizados y controlados por el PSOE en América», afirma. Por esa razón, el asunto fue remitido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en 2023 obligó al Ministerio a facilitar las circulares dirigidas a los consulados sobre la Ley de Memoria Democrática; según el abogado, la resolución aún no se ha cumplido en su totalidad.

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