El diputado de Compromís-Sumar acusa al parlamentario de extrema derecha de deshumanizar a menores no acompañados
El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por sus declaraciones en televisión sobre la inmigración.
Ibáñez argumenta en su denuncia que estas palabras no fueron un error puntual, sino una conducta reiterada y consciente.
Según el texto, Figaredo mantuvo el término «cazar» incluso tras ser requerido para matizarlo, lo que refuerza, en opinión del denunciante, una intencionalidad clara.
El diputado de Compromís-Sumar considera que las expresiones implican una «deshumanización explícita del colectivo migrante», especialmente al evocar el uso de violencia letal con el término «pam, pam, pam».
La denuncia extiende la crítica a la generalización de estas afirmaciones, que afectarían de manera indiscriminada a todo el colectivo migrante, incluyendo a menores de edad no acompañados.
Ibáñez señala que Figaredo ha manifestado su rechazo también hacia este grupo, lo que, según su argumento, contraviene los estándares internacionales de protección de la infancia.
El portavoz adjunto de Compromís-Sumar subraya que estas declaraciones no solo atañen a la inmigración en general, sino que impactan directamente en un colectivo especialmente vulnerable.
El Tribunal Supremo será el encargado de evaluar si las palabras de Figaredo, pronunciadas en una entrevista televisiva, constituyen un delito de incitación al odio o a la violencia.
La Fiscalía del alto tribunal deberá ahora analizar la denuncia presentada por Ibáñez y decidir si hay motivos para abrir una investigación formal.
En este sentido, es importante recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene la competencia para investigar y juzgar a los diputados y senadores por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La denuncia de Ibáñez se enmarca en el marco legal de la Ley de Garantías de los Derechos de los Ciudadanos, que establece que los diputados y senadores son responsables de sus actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Fuente: elDiario.es
