CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·2 min de lectura
El consejero Antonio Nieto justifica la medida por adaptación al turismo y la inmigración, pero los sindicatos exigen pruebas de su necesidad
La Junta de Andalucía elimina el requisito de certificado de idiomas en las oposiciones para el subgrupo A1 de la Administración Pública a partir de enero de 2027. La medida, acordada en mesa sectorial con los sindicatos, afecta a acceso libre y promoción interna.
El consejero Antonio Nieto justificó la decisión en el Parlamento el 7 de octubre aludiendo a la necesidad de adaptarse al aumento del turismo y la inmigración. La Junta argumenta que el nivel B1 en inglés, francés o alemán —los únicos aceptados— responde a un enfoque práctico.
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Sin embargo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) rechaza la medida por considerar insuficiente el nivel B1 para atender demandas ciudadanas en otros idiomas. Fuentes sindicales criticaron la falta de estudios que avalen la necesidad del requisito, así como la ausencia de comunidades autónomas que hayan implantado un modelo similar. Solo la Administración General del Estado incluye idiomas en algunos procesos selectivos del subgrupo A1.
El SAF cuestionó además que la propuesta sea «fruto de una negociación con los sindicatos», al señalar que solo un grupo la apoyó y que su origen se remonta a pruebas piloto planteadas en verano de 2025. Según el sindicato, estas pruebas nunca se extendieron y no existen resultados que las respalden. Nieto, en cambio, aseguró en el Parlamento que el requisito lleva años en negociación, aunque no aportó detalles sobre su evolución.
Críticas sindicales: falta de estudios y consenso
Tras la comparecencia, surgieron versiones contradictorias sobre el alcance de la medida, pero Junta y sindicatos han llamado a la calma. Los aspirantes a las oposiciones ya convocadas mantendrán las mismas condiciones que hasta ahora, sin cambios en los plazos ni en los requisitos vigentes.
La polémica refleja la tensión entre la flexibilización de la Administración y la exigencia de garantizar servicios públicos en idiomas. Mientras la Junta apuesta por un enfoque pragmático, los sindicatos insisten en que cualquier modificación debe basarse en datos objetivos y consenso real, no en decisiones unilaterales.
Contexto: la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía permite evaluar lenguas extranjeras, pero deja a cada consejería la discrecionalidad para aplicarlo. El subgrupo A1 incluye puestos de mayor responsabilidad, como técnicos superiores o gestores administrativos.
