Este martes, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha toma en consideración el anteproyecto de la primera Ley de Calidad Ambiental en el Palacio de Fuensalida
Las claves
- El régimen sancionador se reforzará distinguiendo infracciones leves, graves y muy graves, y dotará de cobertura legal a sanciones en ámbitos como la gestión de estiércoles porcinos y zonas vulnerables a nitratos.
- Mercedes Gómez afirmó que antes no se podían sancionar ciertas infracciones por falta de marco jurídico.
- Se reforzará la vigilancia, inspección y seguimiento de actividades que puedan afectar al entorno, incluyendo organismos de control de la atmósfera.
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, explicó que la norma busca adaptar la regulación autonómica a los desafíos ambientales actuales y a la normativa europea y estatal. Durante la rueda de prensa, afirmó que «la ley no nace para imponer más burocracia, sino precisamente para simplificar procedimientos manteniendo todas las garantías ambientales. Proteger más y tramitar mejor».
La principal novedad es la creación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que reunirá en un solo expediente y una única resolución procedimientos antes gestionados por separado, como los de residuos y emisiones atmosféricas. El objetivo es facilitar los trámites a empresas y ciudadanos y mejorar la coordinación entre los distintos órganos administrativos sin rebajar las exigencias de protección ambiental. El anteproyecto también incorpora consultas preliminares, procedimientos simplificados y la posibilidad de renovar algunas autorizaciones mediante una declaración responsable.
En materia sancionadora, el texto distinguirá entre conductas leves, graves y muy graves y dotará de cobertura legal a sanciones en ámbitos como la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas y el cumplimiento de obligaciones en zonas vulnerables a nitratos. Mercedes Gómez señaló que antes no se podían sancionar ciertas infracciones por falta de régimen jurídico, especialmente en la gestión de estiércoles ganaderos y autorizaciones ambientales integradas. Aun sin un régimen sancionador, la Administración ya realizaba vigilancia, enviaba comunicaciones a posibles infractores y les indicaba mejoras para evitar daños ambientales.
Gómez enfatizó que el propósito principal no es aumentar las multas, sino prevenir incumplimientos y fomentar buenas prácticas agrarias. Destacó la colaboración con organizaciones profesionales agrarias para formar a agricultores y ganaderos en el uso adecuado de estiércoles y en prácticas que eviten problemas en terrenos y poblaciones próximas.
El anteproyecto refuerza los sistemas de vigilancia, inspección y seguimiento de actividades que pueden afectar al entorno, incluyendo la actualización del régimen de infracciones y la regulación de organismos de control de la atmósfera. La Junta sostiene que la integración de prevención, autorización, vigilancia y respuesta en una sola norma facilitará una aplicación más coherente y ofrecerá mayor seguridad jurídica a ayuntamientos, empresas y ciudadanos.
El proceso de elaboración contó con información pública, participación de consejerías, informes de órganos consultivos y aportaciones de entidades locales, agentes sociales, organizaciones y ciudadanía. Tras la toma en consideración, el anteproyecto será remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para dictamen preceptivo. La Junta prevé que el dictamen regrese al Ejecutivo para su aprobación antes de que finalice 2026 y que el proyecto sea remitido a las Cortes regionales.
Gómez indicó que el objetivo es que el texto llegue al Parlamento autonómico antes de que finalice 2026 y pueda debatirse durante el primer trimestre de 2027. Si se aprueba, la norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación, según el calendario expuesto por la consejera.
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