La denuncia sostiene que, desde 2020, ambas firmas concentraron el plan militar de modernización y que la Intervención General prepara un segundo informe más amplio.
La Fiscalía Anticorrupción sigue investigando posibles irregularidades en la asignación de contratos y en la entrega de fondos públicos a programas de Defensa, que superarían los 6.000 millones de euros. El foco está en Indra y en Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que según la denuncia concentraron el plan industrial y tecnológico destinado a reforzar la capacidad militar de España. Según se ha sabido este lunes, las diligencias se iniciaron en enero, tras la presentación de una denuncia por parte de un particular en diciembre de 2025.
El escrito alerta sobre una posible acumulación de encargos públicos en esas dos firmas y señala, entre otros, presuntos delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Según el documento, no se trataría de un caso puntual, sino de un patrón sostenido desde 2020. El denunciante se apoya en la expansión de EM&E, que habría pasado de facturar 44,2 millones de euros en 2019 a 355 millones en 2024, y que habría sumado más de 700 millones en contratos públicos entre 2020 y 2025. Subraya además que la entrada de la compañía en el accionariado de Indra coincide con el nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de la tecnológica en enero de 2025.
Entre las operaciones cuestionadas figura el programa de vehículos de combate 8×8, adjudicado en agosto de 2020 por unos 2.100 millones de euros al consorcio TESS Defence, integrado por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA. El programa SILAM, relativo a lanzacohetes de alta movilidad, también figura entre las operaciones, habiendo sido adjudicado en diciembre de 2023 por 576 millones a la unión temporal de EM&E y Rheinmetall Expal. En septiembre de 2025 se anuló dicho contrato, presuntamente recurriendo a las excepciones de la normativa europea por motivos de seguridad nacional, mecanismo que autoriza restringir la competencia entre los licitadores.
La financiación de estos proyectos también está en cuestión. El Ministerio de Industria aprobó en octubre de 2025, mediante tres reales decretos, préstamos por un total de 6.890 millones de euros para financiar 18 proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Según los cálculos de la denuncia, unos 6.077 millones, alrededor del 84 % del conjunto analizado, habrían acabado en Indra, en Escribano o en empresas vinculadas a ambas. Si se atiende solo al desglose de los tres decretos e incluyendo filiales y alianzas empresariales, la cifra sube a 6.515 millones, el 94,5 % de lo aprobado.
Los préstamos se otorgaron con un tipo de interés del 0 % y, habitualmente, sin requerir avales ni garantías patrimoniales. Además, las compañías podían cobrar anticipos antes de formalizar definitivamente algunos contratos con Defensa.
La Fiscalía solicitó a la Intervención General del Estado informes sobre la regularidad de dichas operaciones. El primer informe se entregó en abril y Anticorrupción está trabajando también en un segundo informe de mayor alcance. El caso llegó a tramitarse ante el Juzgado de Instrucción número 49, que investiga una operación de venta de respiradores al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) durante la pandemia, pero el magistrado consideró que las adjudicaciones de Defensa no podían incorporarse a esa causa. El expediente volvió así a Anticorrupción, que continúa practicando diligencias.
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