El tribunal considera que Interior no aportó estudios que justificaran la comisaría. El Ministerio paraliza el cierre del puesto de la Guardia Civil y los traslados previstos para diciembre, mientras los sindicatos piden garantías.
La Audiencia Nacional ha anulado la creación de la comisaría local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería) porque el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no aportó informes específicos que justificasen su implantación. Tras la sentencia, Interior ha dejado sin efecto la reorganización policial prevista en el municipio.
Quedan así paralizados el cierre del Puesto Principal de la Guardia Civil, el traslado de sus agentes y la llegada de la plantilla de Policía Nacional, previstos para diciembre. El 27 de octubre, Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, informó en Roquetas que los agentes cesarían en sus destinos el 1 de diciembre y que la Policía Nacional asumiría el relevo operativo el día 15. El plan también contemplaba comisiones de servicio, una redistribución de plazas y un concurso restringido de vacantes programado para febrero o marzo de 2027.
La rectificación de Interior ha sido celebrada por las asociaciones de guardias civiles Jucil y Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Jucil valora que el Ministerio haya comunicado a la tropa que la redistribución de unidades y personal en Almería queda sin efecto, y advierte de que la pausa debe traducirse en garantías reales para los afectados y no en una nueva etapa de incertidumbre sobre su futuro. La AUGC reclama a Interior que asegure la presencia del cuerpo en la localidad y que respete los destinos y derechos de los agentes que iban a ser trasladados.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Almería defiende que la sentencia no impide que la Policía Nacional llegue a Roquetas de Mar, sino que invalida la creación de la comisaría por falta de una justificación específica en el expediente. Según el sindicato, Interior incluyó la comisaría en la Orden INT/859/2023 sin estudios previos que acreditasen su necesidad, y el tribunal no consideró suficientes las referencias genéricas a la eficacia y la seguridad ni los argumentos sobre el crecimiento de la población expuestos durante el juicio, al entender que esos datos debían constar cuando se elaboró la norma.
El SUP reclama a la Dirección General de la Policía y al Ministerio que documenten las necesidades de seguridad del municipio, su población residente y estacional, los medios necesarios y el despliegue previsto. También pide que se especifique la coordinación con la Guardia Civil y el traspaso de responsabilidades, con el fin de asegurar la continuidad del servicio y la seguridad jurídica de los profesionales.
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