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Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid / Fernando Sánchez / Europa Press

Foto: Cadena SER

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Ayuso admite que comprar el ático de Chamberí fue un error, “El error fue cómo lo explicamos”

En una entrevista con Bloomberg, la presidenta madrileña reconoce que el Gobierno regional pagó 6,7 millones por la vivienda sin informar de la operación, mientras el Tribunal de Cuentas pide investigar si el gasto tuvo justificación legal.

·20 de noviembre de 2026·3 min de lectura

En una entrevista con Bloomberg, la presidenta madrileña reconoce que el Gobierno regional pagó 6,7 millones por la vivienda sin informar de la operación, mientras el Tribunal de Cuentas pide investigar si el gasto tuvo justificación legal.

Por primera vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que comprar el ático fue un error. Según sostiene en una entrevista con Bloomberg, el problema no estuvo en adquirir una vivienda de lujo en Chamberí, sino en «cómo lo explicamos». La operación se hizo por 6,7 millones de euros, a través de la empresa pública Planifica Madrid, para un inmueble de la calle General Martínez Campos, y el Gobierno regional nunca dio cuenta de ella.

La compra se conoció a finales de julio, cuando El País la publicó. En aquel momento, el entorno de Ayuso indicó que el ático iba a funcionar como despacho provisional de la presidenta mientras duraban las obras en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico. Con posterioridad, de acuerdo con la misma entrevista, la mandataria explicó que la propuesta de adquirir ese piso no partió de ella, sino de su equipo. «A mí no me pareció mal», admitió.

Ante la controversia, el Ejecutivo madrileño resolvió poner a la venta el ático y dedicar lo obtenido a sufragar la reconstrucción de la Sierra Oeste, zona golpeada por un devastador incendio el verano pasado.

Hace una semana, el Tribunal de Cuentas desestimó la petición de archivo que habían formulado la Comunidad y Planifica Madrid. Este órgano considera que existen señales de que los 6,3 millones abonados podrían carecer de respaldo legal, motivo por el que plantea designar a un delegado o delegada instructor y ordena abrir una investigación. Tanto el Gobierno regional como Planifica Madrid sostienen que no se causó daño a las arcas públicas, al haberse registrado esa cantidad en el balance de la empresa como un inmueble. Sin embargo, la consejera del Tribunal de Cuentas señala en su escrito que la cuestión no radica en la pérdida de ese dinero, sino en que fondos públicos se emplearon en un fin distinto del que fija la ley.

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