CCOO presentará un recurso contencioso-administrativo por la actuación policial y una demanda de conciliación contra la presidenta madrileña por sus palabras contra los sindicatos, a los que considera un colectivo protegido por la Constitución.
Comisiones Obreras ha puesto en marcha una batería de acciones judiciales por la actuación de la Policía Nacional durante la huelga general del 11 de noviembre y por las declaraciones y decisiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. El sindicato interpondrá de inmediato múltiples denuncias contra los agentes que emplearon gas pimienta en Mercamadrid, donde fueron atendidos 15 personas, así como en las instalaciones de la EMT y durante las cargas vespertinas en la Gran Vía.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera necesario depurar responsabilidades en la Unidad de Intervención Policial. Sostiene que deben «rodar cabezas» entre los mandos policiales del operativo y que, si no ocurre, el único responsable será el ministro del Interior.
La vía penal alcanza también a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso llamó a los sindicatos «basura sindical» y «mafia», y CCOO le dirige una querella por un delito de odio. La secretaria general de CCOO de Madrid, López, ha concretado que el sindicato presentará una «demanda de conciliación previa a poner una demanda ya por injurias y calumnias», y sostiene que esas palabras «generan odio contra un colectivo, concreto y específico, que es el de los sindicatos y el de los y las sindicalistas».
López añade que CCOO no consentirá ataques a la dignidad ni a la organización de los trabajadores, que goza de reconocimiento constitucional. El sindicato recuerda que ya presentó una querella cuando la presidenta acusó a médicos y profesionales sanitarios de incumplir sus obligaciones laborales, por lo que no es la primera vez que emprende acciones legales contra Ayuso.
CCOO presentará además un recurso contencioso-administrativo por la actuación policial en la huelga. El sindicato considera que la Policía vulneró derechos fundamentales de los piquetes informativos al cargar con aerosoles irritantes, conocidos como gas pimienta, en Mercamadrid y en varias cocheras de transporte público. Pedirá que se investigue si se lesionaron «el derecho a huelga, la libertad sindical, el derecho de reunión y el derecho a la integridad física» de los participantes.
Consulta también: Constitución Española (BOE) (se abre en otra pestaña), Madrid: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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