La consejera Rocío Albert rechaza nuevas explicaciones tras la petición del PSOE de acceder al expediente completo del inmueble
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha dado por cerrada la polémica sobre la compra del ático en el barrio de Chambera por parte de la empresa pública Planifica Madrid. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, calificó este martes las explicaciones ofrecidas durante el último mes como «concluyentes» y vinculó la venta del inmueble —junto a otros— a la financiación de los daños causados por los incendios forestales en la Sierra Oeste en julio.
Albert, que compareció ante los medios en el Mercado Escuela de San Cristóbal, insistió en que no se proporcionarán más detalles sobre el expediente, pese a la petición formal del PSOE para acceder a la documentación. «No creo que tengamos que hablar más de este tema», zanjó. La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, había criticado horas antes la comparecencia solicitada al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, como un «brindis al sol», exigiendo en su lugar la entrega directa de los documentos.
El ático, adquirido por Planifica Madrid —empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia—, se puso a la venta en agosto como parte de una estrategia para obtener liquidez. La operación se enmarca en la gestión patrimonial de la Comunidad, que incluye la venta de activos para cubrir gastos extraordinarios, como los derivados de los incendios que arrasaron más de 3.000 hectáreas en la Sierra Oeste. Sin embargo, el PSOE cuestiona la transparencia del proceso y reclama que se revele el precio de compra, los informes técnicos y los criterios de selección del inmueble.
La tensión entre el Gobierno regional y la oposición se agudiza en un contexto de desconfianza hacia la gestión de Planifica Madrid. El PSOE ya había denunciado en julio irregularidades en la compra de otros inmuebles por parte de la empresa, aunque sin presentar pruebas documentales. La negativa de Albert a facilitar el expediente choca con la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que obliga a las administraciones a publicar información sobre contratos y adquisiciones públicas cuando sea solicitada por los ciudadanos o los grupos parlamentarios.
La polémica llega en un momento clave para el Ejecutivo de Ayuso, que afronta críticas por su gestión de la crisis postincendios y por el aumento del déficit autonómico. Mientras, el PSOE madrileño busca capitalizar el malestar social con una estrategia de fiscalización constante, centrada en casos de presunta opacidad en la administración pública. La portavoz socialista, Espinar, advirtió que la negativa a entregar la documentación «confirma que hay algo que ocultar», aunque no precisó qué tipo de irregularidad sospecha.
Fuente: The Objective
