La jueza que instruyó la causa del hermano del presidente declaró el 8 de octubre que esas presiones llegaban «hasta los investigadores» y que por eso se relevó al responsable de la investigación
Las claves
- Se sustituyó al responsable de la investigación por el teniente coronel Antonio Balas para proteger a los investigadores.
- Los agentes le contaron que se les obligaba a entregar los informes antes que a ella; la jueza les respondió que estaba prohibido entregarlos a nadie más.
- El teniente coronel Balas acudió al despacho de Biedma el 2 de julio de 2024 tras la querella de Manos Limpias.
- El 27 de noviembre de 2024 se imputó al director de orquesta y el Ministerio Público pidió la absolución de todos los imputados.
La magistrada Beatriz Biedma relató el pasado 8 de octubre ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según su declaración conocida este miércoles, las presiones que recibieron los agentes de la UCO que investigaban el contrato del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz entre 2014 y 2015. Pedraz investiga si la trama atribuida a Leire Díez trató de bloquear las investigaciones sobre el entorno del presidente.
Los propios agentes comentaron a la magistrada que «nos están presionando y esas presiones están llegando hasta los investigadores, cosa que nunca antes nos había pasado». Ante esas insistencias se cambió al responsable de la investigación: el teniente coronel Antonio Balas pasó a ser instructor a mitad del proceso «para proteger a los investigadores que tenía por debajo».
En esa declaración, Biedma describió a los agentes como «superdiscretos», pero aseguró que ella «preguntaba siempre» y así descubrió los intentos de injerencia. Los agentes le indicaron que «nos están obligando a que les entreguemos los informes antes que a usted», a lo que la magistrada respondió que estaba «terminantemente prohibido entregar ningún informe de la causa a nadie que no sea yo». Biedma añadió que, si surgía algún problema, los agentes debían llamarla directamente: «Y si le ponen algún problema, que me llamen a mí y me lo digan».
El teniente coronel Balas acudió al despacho de Biedma el 2 de julio de 2024, poco después de que Manos Limpias presentara una querella, y allí se decidió incautar cuentas de correo para detectar una posible plaza de coordinador de actividades musicales para el hermano del presidente. La Fiscalía apoyó la intervención y, el 27 de noviembre de 2024, se imputó al director de orquesta, aunque el Ministerio Público solicitó la absolución de todos los imputados por falta de indicios de delito.
Biedma no recibió presiones directas, pero sí vio crecer la campaña en su contra que desde 2013 desarrollaba el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, en la que, según ella, participaron también la abogada Sara Moreno y el pacense Javier Saavedra. Entre todos presentaron unas 50 denuncias contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial, todas archivadas, y el Colegio de Abogados de Badajoz sancionó a Moreno por escribir en una causa que la jueza «quería meterla en el maletero y matarla». Biedma ha interpuesto una denuncia por calumnias contra Sáenz de Tejada y Moreno por los ataques difundidos en vídeos y escritos.
Se grabaron vídeos de sus hijas menores en un parque y de la propia magistrada desayunando en una cafetería de Badajoz, información que le facilitó un abogado de la familia Rocho. Lo supo tras el asesinato de Jesús Rocho, el 30 de diciembre de 2024, cuando ese abogado le contó que Sáenz de Tejada se había puesto en contacto con la hija del fallecido, Cinthia Rocho.
Corrección (21/10/2026): el titular decía que Biedma denunció presiones de la UCO; lo que relató es que los agentes de la UCO le dijeron que eran ellos quienes estaban siendo presionados. Además, su declaración fue el 8 de octubre, no este miércoles, y se han retirado dos datos que no constaban (sanción por «calumnias graves» y «nuevas denuncias»).
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