La Comisión Europea ha dado este jueves dos meses a España para incorporar a su legislación las enmiendas sobre intercambio de información fiscal sobre criptoactivos, procedimiento abierto en enero, y le ha abierto un nuevo expediente por no aplicar varias disposiciones del reglamento MICA, cuyo plazo terminó el 30 de junio de 2025.
Si las autoridades españolas no responden en ese plazo o su réplica no satisface a Bruselas, el país podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Según la institución, las enmiendas permiten el intercambio de información sobre inversiones en criptoactivos entre las autoridades tributarias de los países de la UE y mejoran los intercambios sobre cuentas financieras.
La Comisión subraya que la naturaleza transfronteriza de los criptoactivos exige una sólida cooperación administrativa en la UE para garantizar una evaluación y recaudación efectiva de impuestos sobre los ingresos y ganancias de capital relacionados.
El país tampoco ha aplicado las enmiendas a las normas sobre requisitos de capital que introdujo esa normativa, y dispone también de dos meses para responder y abordar los problemas identificados.
Las enmiendas añaden a la lista de actividades sujetas a reconocimiento mutuo entre países la emisión de dinero electrónico, de tokens referenciados a activos y de servicios de criptoactivos.
El reglamento MICA, adoptado en 2024, creó el primer marco armonizado de la Unión Europea para regular el mercado de emisores y proveedores de criptoactivos, en particular de los no cubiertos ya por otras normas comunitarias.
Según la Comisión, la normativa apoya la innovación y ofrece un tratamiento proporcionado a las empresas de criptoactivos que quieren expandir su negocio a otros países, manteniendo la protección de los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera.
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